El Senado de Paraguay aprobó este martes un proyecto de ley que crear un registro nacional que unifica el trámite de titulación de terrenos, en medio de manifestaciones de escribanos, notarios y campesinos que cuestionaron posibles aumentos de costos para la regularización y riesgos de desalojo a comunidades del campo.
La Cámara Alta resolvió la aprobación en general y en particular con modificaciones del proyecto de ley «que crea el Registro Unificado Nacional», que ahora pasará a consideración de la Cámara de Diputados, informó el Senado en un comunicado de prensa.
El proyecto, iniciativa del Ejecutivo del presidente de Paraguay, Santiago Peña, prevé la unificación de la Dirección General de Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y la Dirección de Agrimensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas, bajo la dependencia de la Corte Suprema de Justicia que será la responsable del catastro nacional y los registros de bienes inmuebles.
Algunos de los objetivos del proyecto son «la simplificación de trámites, identificación de inmuebles superpuestos, reducción de plazos para transferencias, introducción del registro electrónico, respeto a la propiedad privada y seguridad jurídica para quienes adquieran bienes en Paraguay», señaló la nota.
Decenas de escribanos, notarios y campesinos se concentraron en las inmediaciones del Congreso Nacional mientras se debatía el proyecto de ley.
Entre los manifestantes estuvo la secretaria general adjunta de la Federación Nacional Campesina, Sonia Acevedo, quien cuestionó que con la norma se pretenda «blanquear más de siete millones de tierras mal habidas que existen en Paraguay».
Se conoce como tierras mal habidas a los terrenos que fueron apropiados irregularmente para personas que no debían beneficiarse de la reforma agraria en especial en la época de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
«(La ley) principalmente se beneficiaría a los latifundistas, los agroexportadores, a este modelo de producción a lo grande, a los grandes, acumuladores y principalmente nos afectaría a nosotros los campesinos e indígenas», aseguró la dirigente a EFE.
Acevedo además expresó su preocupación por el posible desalojo de comunidades indígenas y asentamientos campesinos o urbanos que tienen problemas con la regularización de los terrenos.
La afectación del proyecto radica en un posible aumento de las tasas para la regularización de terrenos y del tiempo de gestión de los trámites «porque se aumentan los procesos», dijo a EFE la escribana pública de la ciudad de Itacurubí, del departamento de Cordillera (centro), Natalia Barrios.
«Al aumentar las tasas, como en todo, eso fomenta la irregularidad, porque al subir los costos es mayor la dificultad para que uno pueda realizar ese trámite de regularización», aseguró.
Barrios cuestionó que el RUN no considere al registro agrario y excluya de la nueva arquitectura institucional al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), la entidad encargada de la titulación de tierras.
