Los familiares de 49 muertos en las protestas antigubernamentales de finales del 2022 e inicios de 2023 marcharon en Lima para reclamar justicia por las víctimas en enfrentamientos con las fuerzas del orden, un caso por el que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, es investigada por homicidio calificado y genocidio.
«Policías y militares, asesinos de la clase obrera y campesina», «Cárcel para los genocidas», «Dina asesina», «Con cadenas de oro, arrastras 60 muertes» y «Cierre del Congreso criminal» eran los mensajes de algunas de las pancartas de los manifestantes en su marcha hacia el Congreso y el Palacio de Justicia.
Delegaciones de familias de las regiones de Puno, Cuzco, Ayacucho, Junín y Apurímac llegaron a Lima para participar en la marcha que se dirigió hacia la avenida Abancay, donde se ubica el Congreso de la República, y en el camino la Policía Nacional intentó impedir su paso.
Sin embargo, los manifestantes llegaron al frontis del Palacio Legislativo, con calles a oscuras, para reclamar la acción de la justicia, acompañados por grupos de estudiantes, organizaciones políticas y sociales.
La presidenta del Perú, Dina Boluarte, ha pedido en los últimos días la unidad de los peruanos para salir de la recesión económica que golpeó al país el año pasado, y ha negado que encabece un gobierno «débil» por la falta de apoyo de una bancada en el Parlamento.
Sin embargo, el miércoles entregó una condecoración al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, con ocasión del día del trabajo, que generó rechazo entre algunos sectores políticos porque la mandataria es actualmente objeto de investigación por las muertes en las protestas del 2022 e inicios del 2023, y otras denuncias por presunta corrupción.
Desde el año pasado, Boluarte es investigada por las muertes en las protestas del 2022, junto al entonces primer ministro Alberto Otárola y los ex ministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero por el presunto delito de homicidio calificado.
Por ese caso, Boluarte declaró a la Fiscalía el 27 de septiembre del año pasado, cuando ratificó las explicaciones que ya dio en junio sobre las decenas de muertes que se produjeron durante las manifestaciones antigubernamentales desarrolladas de diciembre del 2022 a marzo de 2023 en el país y pidió que se cierre la investigación que se sigue en su contra.
La mandataria fue citada como parte de la investigación preliminar abierta contra ella y otras altas autoridades de su gobierno por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad, a raíz de la muerte de 77 personas en las movilizaciones, 49 de ellas en enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad.
