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El reciente archivo de una investigación sobre la presunta construcción ilegal en La Parguera, una zona protegida en la costa suroccidental de Puerto Rico, ha causado revuelo en la isla. La decisión fue tomada por Waldemar Quiles, el nuevo secretario de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) de Puerto Rico, quien emitió una orden administrativa que desató un fuerte clamor público. Esta acción ocurrió poco después de que la gobernadora Jenniffer González asumiera el cargo y declarara que la investigación iniciada en el gobierno anterior respondía a una “persecución política”.
El archivo de la investigación: La controversia en torno a La Parguera
La investigación había sido emprendida por el gobierno anterior y apuntaba a presuntos infractores, incluidos los suegros de la gobernadora, José Vargas e Irma Llavona. Estos individuos son acusados de talar manglares ilegalmente y de ampliar y remodelar un muelle en su residencia ubicada en La Parguera, un área que fue designada como reserva natural en 1979. La Parguera es conocida por su bahía bioluminiscente, lo que aumenta la relevancia de su protección ambiental.
González, junto con sus suegros, ha negado las acusaciones, y la gobernadora ha afirmado que la investigación forma parte de una campaña política que se originó antes de las elecciones primarias de su partido, donde logró derrotar al exgobernador Pedro Pierluisi. La controversia creció aún más cuando Quiles, nombrado por González como nuevo secretario del DRNA, decidió archivar la investigación y dar luz verde a la legalización de las viviendas en La Parguera mediante una cuota que los propietarios deben pagar cada cinco años.
La Parguera. Foto: Flickr
Reacciones a la decisión de Waldemar Quiles
La decisión de Quiles no fue bien recibida por todos. Pedro Saadé, un abogado puertorriqueño y experto en derecho ambiental, expresó su desacuerdo al considerar que la acción tomada por el nuevo secretario podría sentar un precedente negativo para futuras iniciativas de protección ambiental en Puerto Rico. Saadé destacó que existen procedimientos establecidos para otorgar concesiones sobre bienes de dominio público y cuestionó cómo Quiles, al ser nombrado para un cargo que busca proteger los recursos naturales, optó por legalizar de manera retroactiva construcciones ilegales en una zona protegida.
En su opinión, este tipo de decisiones no solo es ilegal, sino también irresponsable, pues podría afectar la capacidad del gobierno de salvaguardar otras áreas protegidas en la isla. La controversia se intensificó cuando Hernaliz Vázquez, presidenta de la sección del Sierra Club en Puerto Rico, pidió la destitución de Quiles. Vázquez criticó abiertamente la orden administrativa y acusó al secretario de utilizar su posición para beneficiar a los suegros de la gobernadora, lo que, según ella, socavaba la misión de su cargo: proteger los recursos naturales de Puerto Rico.
El impacto de las construcciones ilegales en La Parguera
Las primeras construcciones en La Parguera datan de la década de 1960, cuando las casas de los pescadores eran estructuras simples. Sin embargo, con el paso de los años, estas viviendas fueron reemplazadas en su mayoría por residencias de lujo, lo que generó la preocupación de los ambientalistas. Estos señalan que las construcciones actuales están impactando negativamente una zona de gran valor ecológico, como lo es una reserva natural protegida. Los detractores de la legalización de estas construcciones sostienen que deben ser eliminadas para preservar el equilibrio ecológico en la región.
La orden administrativa de Quiles también ha sido criticada por su enfoque retroactivo, ya que busca regularizar propiedades que, según algunos, nunca debieron haberse construido en una zona de reserva natural. La legalización de estas construcciones podría tener implicaciones en otros casos similares, lo que ha generado alarma entre las organizaciones ambientales y los ciudadanos preocupados por el futuro de las áreas protegidas en Puerto Rico.
La postura del gobierno y la respuesta pública
A pesar de las críticas, Quiles defendió su decisión, argumentando que la orden administrativa había sido preparada por el gobierno anterior y que su objetivo era regularizar la situación de los propietarios de viviendas en La Parguera. Según él, la medida busca resolver el “limbo jurídico” que ha persistido durante décadas, situación que, según su opinión, ha sido perjudicial tanto para los propietarios como para el gobierno de Puerto Rico.
Por su parte, la presidenta del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, manifestó su preocupación a través de una publicación en redes sociales. Rivera Schatz anunció que la cámara alta solicitaría una explicación detallada a Quiles sobre su decisión, insistiendo en la necesidad de garantizar transparencia en las acciones del gobierno. En su mensaje, destacó la importancia de evitar que esta situación se perciba como un privilegio selectivo para ciertos individuos, y subrayó la necesidad de actuar con cautela y firmeza en casos tan delicados.
