Un plantón convocado por familiares y amigos de Fernando Villavicencio exigió este jueves en Quito justicia por su asesinato, acontecido en agosto del año pasado, cuando el candidato presidencial fue acribillado por sicarios colombianos a la salida de un mitin político, a once días de las selecciones generales extraordinarias.
La protesta se llevó a cabo frente al Complejo Judicial Norte de Quito, donde el martes comenzó el juicio por este crimen, en el que están acusadas cinco personas, entre ellas Carlos Angulo (‘El Invisible’), el presunto autor mediato (con dominio del hecho) del atentado, identificado por la autoridades ecuatorianas como líder de una facción de la banda criminal Los Lobos.
Delante de esa sede judicial, la abogada de las hijas de Villavicencio, Nathalia Salazar, declaró que “han esperado casi un año desde el asesinato para que se instaure la audiencia” y destacó que “queda pendiente lo primordial, que es conocer los autores intelectuales” del delito.
Salazar expresó que la Fiscalía fue eficiente y recabó los elementos e indicios que demuestran la existencia de la infracción y la participación de los procesados, pero incidió en que lo que todavía está por ver quiénes fueron «los maquinadores» del crimen.
La abogada recordó que en este caso «están implicadas grandes organizaciones delictivas y mafias”. “Esperamos que se tomen las medidas pertinentes para no sistematizar la impunidad en el sistema judicial”, Salazar.
Por su parte, Amanda Villavicencio, una de las hijas del periodista y político, apuntó que la responsabilidad del asesinato de su padre «es de quienes lo ordenaron, de quienes no lo querían en el poder porque sabían que él iba a cambiar la dinámica del juego en este país”.
Villavicencio declaró que no van a “permitir que este crimen sea disminuido, como ha pretendido la Asamblea Nacional (Parlamento)”, al considerarlo como un delito de delincuencia común.
La hija de ‘Don Villa’, como le apodan los seguidores del candidato presidencial, recordó también la intimidación que sufrieron el miércoles, cuando Carlos Angulo envió una amenaza a través del chat de Zoom de la audiencia.
En la primera jornada del juicio, la Fiscalía presentó un vídeo con el testimonio de un testigo protegido que el Ministerio Público difundió poco antes de la primera vuelta de las elecciones.
Este testigo protegido citaba conversaciones con implicados en el crimen y señalaba como supuesto ordenante al Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017), quien desde un inicio ha rechazado cualquier vinculación con el asesinato, si bien Villavicencio llegó a constituirse como un enemigo político para él por las denuncias contra su administración.
Salazar mencionó cómo, a partir de este testimonio, se dio a conocer el precio de 200.000 dólares que tuvo la vida del excandidato presidencial.
Villavicencio fue asesinado a manos de sicarios colombianos el 9 de agosto del año pasado, once días antes la primera vuelta de las elecciones generales extraordinarias, convocadas para completar el periodo (2021-2025) del exmandatario Guillermo Lasso, que había recortado su periodo para evitar un juicio político en la Asamblea Nacional (Parlamento), a la que disolvió mediante la figura constitucional denominada ‘muerte cruzada’.
Los siete hombres colombianos que participaron en la ejecución del asesinato están muertos, uno de ellos tras ser herido de gravedad en la escena del crimen, y los otros ahorcados en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y poblada de Ecuador, en la que habían sido recluidos.
También un octavo presunto involucrado en el crimen falleció en circunstancias similares en una cárcel de Quito, por lo que solo quedaron cinco acusados para ser juzgados, al apuntar la investigación a una facción de Los Lobos cuyo líder, ‘El Invisible’, estaba encarcelado en la cárcel Cotopaxi.
Al momento del crimen, Villavicencio participaba en la campaña electoral para los comicios extraordinarios, en las que finalmente triunfó en una segunda vuelta electoral el actual presidente del país, Daniel Noboa.
