La Fiscalía de Perú ha reabierto la investigación del conocido como caso ‘pruebas rápidas’ que vincula al expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020) con la supuesta compra irregular de casi un millón y medio de pruebas rápidas de detección del coronavirus en pleno apogeo de la pandemia.
El Ministerio Público anunció hace apenas un mes que archivaba definitivamente el caso al no contar con indicios claros de que hubiera habido colusión. La Procuraduría del Estado presentó entonces una solicitud de reexamen que ha sido declarada fundada y ha culminado con la reapertura del caso.
En su argumento para justificar el archivo del caso a comienzos de junio, el fiscal general interino, Juan Carlos Villena, recordó que fue el propio Instituto Nacional de Salud (INS) de Perú quien recomendó la compra de pruebas de detección de coronavirus y que, tras llevarse a cabo las diligencias, no se evidenciaron indicios de delito.
La Fiscalía ha detallado en un comunicado que la causa volverá a ser investigada durante un periodo de 120 días y quedará al cargo del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales. Se investiga si Vizcarra y algunos de sus ministros cometieron los delitos de colusión y negociación incompatible en agravio del Estado.
Vizcarra fue inhabilitado por el Congreso de la República en abril de 2021 para el ejercicio de toda función pública durante un periodo de diez años tras haberse aplicado «de manera secreta e irregular» la vacuna china de Sinopharm contra la COVID-19.
Poco más de un año después, el Parlamento peruano volvió a imponerle otra inhabilitación para un plazo de cinco años por supuesta corrupción durante su etapa al frente del Ministerio de Transportes bajo la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
