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El expresidente peruano Pedro Castillo reiteró este jueves, durante su segunda audiencia del juicio oral, que se encuentra encarcelado «injustamente» y que no necesita el servicio de la defensa pública. Según Castillo, su único delito fue «defender al pueblo» durante los eventos ocurridos en 2022, cuando enfrenta cargos por un supuesto intento de golpe de Estado. Este proceso judicial podría acarrearle una pena de hasta 34 años de prisión.
La defensa de Pedro Castillo en su juicio por rebelión
Castillo aseguró que el Ministerio Público ha «forzado» el tipo penal para someterlo a un juicio por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave afectación a la tranquilidad pública. En su intervención, el expresidente se refirió a las acusaciones en su contra como injustas, mencionando que las pruebas presentadas no corroboran los cargos que enfrenta.
El presidente de la sala, José Neyra, explicó que Castillo tendría la oportunidad de presentar sus descargos durante el juicio, pero subrayó que era necesario contar con un abogado para cumplir con los requisitos legales del juicio oral. Además, le negó el permiso para abandonar la audiencia, tal como lo había solicitado.
Asignación de defensor público a Pedro Castillo
El segundo día de audiencia, la directora de debates, Norma Carbajal, ratificó la asignación del defensor público Edgar Callahualpa a Pedro Castillo, dado que el expresidente no ha acreditado a un abogado propio para el proceso. La decisión se tomó debido a la falta de un abogado defensor que lo representara oficialmente durante las audiencias judiciales.
Fotografía cedida por el Poder Judicial del expresidente peruano Pedro Castillo durante un juicio en Lima (Perú). EFE/ Poder Judicial De Perú
Rechazo de cargos por parte de la defensa de los involucrados
Además de la defensa de Pedro Castillo, las abogadas de otros involucrados en el proceso judicial también tomaron la palabra. La defensa de la exprimera ministra Betsy Chávez, el exministro del Interior Willy Huertas, y los exjefes policiales Manuel Lozada y Justo Venero rechazaron categóricamente los cargos de rebelión en contra de sus representados.
El abogado defensor de Chávez argumentó que «no existe una sola evidencia escrita o testigo» que demuestre que la exjefa del gabinete haya participado en el supuesto intento de golpe de Estado. Además, afirmó que las fuerzas armadas no respaldaron el intento de golpe que alegó Castillo y que Chávez solo hizo un llamado pacífico a la población para que reclamara sus derechos ante una nueva moción de destitución.
La defensa de Betsy Chávez: llamada a la población a la paz
En cuanto a la convocatoria realizada por Betsy Chávez al gabinete para que acudieran al Palacio de Gobierno, su defensa explicó que no se trataba de una acción que apoyara el alzamiento armado, sino más bien una medida para acompañar a Pedro Castillo al Parlamento, donde se iba a defender del intento de destitución. En este sentido, la defensa de Chávez subrayó que no hubo apoyo a la rebelión, sino un intento de mantener el orden constitucional y democrático.
Simpatizantes del expresidente peruano Pedro Castillo se manifiestan en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
La acusación contra Willy Huertas
El abogado de Willy Huerta, exministro del Interior, calificó las acusaciones contra su cliente como «paupérrimas» y «mediocres». En su intervención, justificó que Huerta acudió al Palacio de Gobierno cuando Pedro Castillo anunció el intento de golpe porque el presidente así lo solicitó, y él, como titular del Ministerio del Interior, tenía la obligación de atender a la situación de manera inmediata.
Defensa de Manuel Lozada: no hubo colaboración en la rebelión
La defensa de Manuel Lozada, exjefe policial de Lima, aseguró que su cliente no tuvo ninguna responsabilidad en los eventos del 7 de diciembre de 2022. Ese día, Castillo intentó un golpe de Estado, pero Lozada se limitó a controlar las protestas en los alrededores del Congreso, ya que se celebraba una sesión plenaria para debatir la destitución de Castillo.
Según el abogado de Lozada, no se recibió ninguna orden por parte de Pedro Castillo ni de los ministros para apoyar el intento de golpe, y se aseguró que hubo una orden clara para no limitar el acceso al Parlamento. Esta orden fue transmitida a través de la radio institucional de la Policía, en contraposición a lo que afirma la Fiscalía en su acusación.
