El Ministerio de Cultura de Perú defendió la transparencia del contrato que suscribió a fines del año pasado para que una empresa privada se encargue de la venta virtual de entradas a Machu Picchu y otros monumentos del país, luego de que la Contraloría General advirtiese que ese acuerdo fue irregular, por incumplir la ley de presupuesto público.
«El contrato firmado con la empresa proveedora, Joinnus, ha sido un proceso transparente y sin ningún acto de corrupción», señaló Cultura en un comunicado de respuesta a un informe de la Contraloría.
Aseguró que ese informé contiene «observaciones de carácter administrativo» y que las «recomendaciones» que en él se hacen «se han aceptado de manera inmediata».
Además de indicar que se tomó la decisión de no pagar las comisiones que iba a cobrar la empresa, sostuvo que tres personas señaladas en el informe ya no trabajan en la institución, pero se mantienen «los procesos administrativos correspondientes».
La Contraloría mencionó que la contratación del Ministerio de Cultura se realizó «sin ejecutar un procedimiento de selección establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, así como la suscripción de la adenda para incluir dos espacios culturales sin el debido sustento».
Por ese motivo, consideró que esas decisiones «afectaron la legalidad con la que deben regirse las actuaciones en la administración pública, limitando la participación de postores».
