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Este lunes, la Corte Superior Nacional de Perú ordenó dejar sin efecto el juicio contra Keiko Fujimori, la líder del partido político Fuerza Popular, quien estaba siendo procesada por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales en los años 2011 y 2016. La decisión fue tomada tras aplicar una sentencia emitida anteriormente por el Tribunal Constitucional (TC), que también anuló el juicio a otros implicados en el caso.
El Tercer Juzgado Penal de la Corte señaló que el caso retrocederá a su etapa intermedia, es decir, al control de acusación, tanto para Keiko Fujimori como para los más de 30 procesados en este caso, conocido como el «Caso Cócteles». La medida generó diversas reacciones en el país, ya que implica una nueva revisión de los cargos y un proceso judicial más largo para esclarecer los hechos.
El antecedente de la decisión judicial
La magistrada Juana Caballero García, quien estuvo a cargo de la resolución, detalló que, por mayoría, el tribunal decidió aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional que fue emitida en diciembre pasado. Esta sentencia había dejado sin efecto la acusación fiscal contra el exdirigente del partido Fuerza Popular, José Chlimper, acusado también de presunta financiación irregular.
El tribunal explicó que existían vicios procesales en el auto de enjuiciamiento que hacían insostenible la continuación del juicio. En palabras del magistrado Max Vengoa, «desarrollar un juicio con una imputación deficiente constituye una puerta abierta hacia la arbitrariedad, ya que se pone en riesgo el principio de congruencia procesal». Esto se refería a la falta de claridad y consistencia en las imputaciones formuladas contra los acusados, lo cual podría generar incertidumbre en su defensa.
La defensa de Keiko Fujimori, encabezada por la abogada Giulliana Loza, había solicitado la anulación del juicio con base en esta misma sentencia del Tribunal Constitucional. Según la defensa, no se podía excluir únicamente a José Chlimper de los efectos de la sentencia, sino que debía aplicarse la misma decisión a todos los implicados, incluida Keiko Fujimori.
Fotografía de archivo de José Chlimper, exdirigente del partido Fuerza Popular. EFE/Ernesto Arias
Sentencia del Tribunal Constitucional y sus implicaciones
El Tribunal Constitucional había declarado fundada, en parte, una demanda de habeas corpus presentada por José Chlimper en diciembre. En su resolución, el TC anuló la acusación fiscal en su contra debido a que se consideró que su derecho a la defensa había sido vulnerado, ya que no se le permitió conocer a tiempo todos los cargos en su contra. Asimismo, el TC ordenó a la Fiscalía emitir una nueva acusación que se ajustara a los procedimientos establecidos.
La abogada de Fujimori argumentó que las imputaciones contra Chlimper también recaían sobre otros acusados en el «Caso Cócteles», por lo que la defensa pidió que el tribunal extendiera el efecto de la sentencia del TC a todos los implicados, incluida su defendida, para evitar la indefensión.
El fiscal José Domingo Pérez, en respuesta a la solicitud de la defensa, insistió en que la sentencia del TC no le daba la razón a Chlimper en todos los puntos. Según Pérez, el Tribunal Constitucional solo declaró la nulidad de la acusación fiscal contra el exdirigente fujimorista, pero no se refería a la totalidad del caso.
El juicio y las acusaciones contra Keiko Fujimori
El juicio contra Keiko Fujimori comenzó formalmente el 1 de julio de 2024. En este proceso, la Fiscalía ha acusado a la líder de Fuerza Popular de presuntos delitos relacionados con organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en proceso administrativo, falsedad genérica y obstrucción a la justicia. Además, se le atribuye la recepción de aportes ilícitos para sus campañas electorales de 2011 y 2016.
La Fiscalía ha solicitado una condena de 30 años y 10 meses de prisión para Keiko Fujimori, alegando que la líder política recibió dinero de fuentes ilegales para financiar sus candidaturas. La defensa de Fujimori ha rechazado las acusaciones, argumentando que no hay pruebas suficientes para sustentar las imputaciones y que se trata de una persecución política.
Foto de archivo de la política peruana. EFE/Paolo Aguilar
La situación actual del caso de Keiko Fujimori
Tras la decisión de la Corte Superior Nacional, el juicio de Keiko Fujimori y los demás procesados retrocede a la etapa intermedia, lo que significa que el proceso judicial se alargará aún más. La decisión de dejar sin efecto el juicio ha generado opiniones divididas en el país, ya que algunos consideran que esta medida es un paso hacia la justicia, mientras que otros la interpretan como una estrategia para evitar que el caso llegue a juicio final.
El «Caso Cócteles» sigue siendo uno de los casos más relevantes y polémicos de la política peruana, ya que involucra a varios altos miembros del partido Fuerza Popular, incluido Keiko Fujimori, quien ha sido una de las figuras más influyentes del país en los últimos años.
Reacciones y próximas etapas del juicio
Tras la resolución de la Corte Superior Nacional, se espera que tanto la defensa como la Fiscalía continúen presentando argumentos en los próximos meses. Los manifestantes y sectores de la sociedad civil, que han seguido el caso de cerca, continúan exigiendo transparencia y justicia, y demandan que se esclarezca el financiamiento de las campañas electorales de 2011 y 2016.
El caso de Keiko Fujimori también tiene importantes implicaciones para el panorama político en Perú. Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, ha sido una figura clave en la política peruana, habiendo intentado en varias ocasiones llegar a la presidencia. Su partido, Fuerza Popular, ha sido uno de los principales actores políticos en las últimas décadas, y las acusaciones de financiación irregular han empañado su imagen y la de su partido.
