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El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, reafirmó este jueves que el país se enfrenta a «una ola de criminalidad que no se había visto antes», una situación que había sido previamente destacada por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Esta declaración ocurre días después de que se produjera un atentado contra la sede fiscal de Trujillo, la tercera ciudad más importante de Perú.
El jueves, Juan José Santiváñez, ministro del Interior de Perú, ha hecho un alerta sobre la escasez de agentes y también de armamento para combatir la criminalidad que asedia el país sudamericano.
En una entrevista concedida a la emisora RPP, Santiváñez ha admitido que ha declarado «en falta» al cuerpo policial debido a la imposibilidad de obtener armas, chalecos antibalas o rifles.
«También el número de policías, estábamos repartiendo de la forma más eficiente posible, pero igualmente es imprescindible la incorporación de más efectivos», ha agregado el ministro, quien ha cifrado los agentes en funcionamiento en aproximadamente 139.000.
La ola de criminalidad que golpea a Perú
Gustavo Adrianzén enfatizó que el crimen organizado está atacando con más fuerza que nunca, como había señalado previamente el ministro Santiváñez. Durante su participación en una actividad oficial en la región norteña de Piura, el primer ministro reiteró que la ola de criminalidad actual en Perú es una de las más intensas de la historia reciente del país.
Adrianzén también destacó las dificultades que enfrenta el gobierno para controlar esta situación debido a la complejidad del crimen organizado. Reconoció que el fenómeno criminal es difícil de enfrentar, ya que involucra a redes delictivas locales, nacionales e internacionales, que están operando con una estructura más organizada y violenta que en el pasado.
Medidas del Gobierno para combatir el crimen en Perú
Ante esta ola de criminalidad, el Ejecutivo peruano ha tomado diversas acciones para enfrentar la situación. Una de las medidas propuestas fue la creación del delito de terrorismo urbano, una iniciativa que busca dar herramientas legales para atacar con mayor eficacia los delitos cometidos por grupos criminales en zonas urbanas. Sin embargo, esta propuesta aún no ha sido debatida ni votada en el Congreso, lo que ha generado preocupación en el gobierno.
El primer ministro, Gustavo Adrianzén, hizo un llamado a los medios de comunicación para que apoyen la campaña del Ejecutivo, con el objetivo de que el Congreso apruebe la ley. Esta propuesta busca mejorar el marco legal para combatir la inseguridad en las principales ciudades del país, donde los índices de criminalidad han alcanzado niveles alarmantes.
Policías en Perú, en una fotografía de archivo. EFE/Paolo Aguilar
Atentados y violencia en Trujillo
Uno de los eventos más impactantes de esta ola de criminalidad ocurrió el lunes pasado, cuando se produjo un atentado con explosivos contra la sede de la Fiscalía en Trujillo, una ciudad clave en la lucha contra el crimen organizado en Perú. El atentado causó gran conmoción en el país y fue interpretado como una represalia de las redes delictivas ante los esfuerzos del gobierno para combatir el crimen.
El atentado a la sede fiscal se considera una respuesta directa a las acciones del gobierno contra las redes de crimen organizado, que operan tanto a nivel nacional como internacional. Tras el ataque, el gobierno peruano anunció que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional asumirían el control de Trujillo, con el objetivo de desarticular las bandas criminales que operan en la zona.
Captura de sospechosos y medidas de seguridad en Trujillo
El Ministerio del Interior de Perú informó que, horas después del atentado, se logró la captura de cinco personas presuntamente vinculadas al ataque. Durante el operativo, las autoridades incautaron municiones, dinamita y equipos electrónicos que podrían estar relacionados con la preparación y ejecución del atentado. La captura de estos individuos representa un paso importante en la lucha contra la criminalidad en la región, aunque la situación sigue siendo tensa.
A raíz del atentado, el gobierno de Dina Boluarte ha anunciado que se incrementarán las medidas de seguridad en Trujillo, especialmente para proteger a los jueces y fiscales que están al frente de las investigaciones contra el crimen organizado. La protección a estos funcionarios es crucial, ya que muchos de ellos han sido amenazados por los mismos grupos criminales que atacaron la sede de la Fiscalía.
Una mujer camina frente a una sede de la Fiscalía en Trujillo (Perú). EFE/ Iván Orbegoso
«Mano dura» contra los criminales
En su lucha contra el crimen organizado, el gobierno de Dina Boluarte ha reiterado su compromiso de aplicar políticas de «mano dura» para enfrentar a los sicarios, extorsionadores y asesinos que están sembrando el caos en el país. Como parte de esta estrategia, los criminales que sean capturados serán enviados a la cárcel de máxima seguridad de Challapalca, ubicada a casi 5.000 metros sobre el nivel del mar, en una zona remota de los Andes del sur de Perú.
Esta medida busca evitar que los criminales continúen operando desde las cárceles y es una de las acciones más drásticas del gobierno para controlar la ola de criminalidad que afecta a diversas regiones del país. La ubicación de la prisión, en una zona de difícil acceso, pretende limitar las posibilidades de los reclusos de tener contacto con sus organizaciones criminales externas.
