El Congreso de Perú aprobó este jueves, en primera votación, un proyecto de ley que impide procesar a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos ocurridos en el país antes de 2002 y, por lo tanto, excluye el periodo del conflicto interno en el que fallecieron 69.000 personas.
En la sesión plenaria, la presidenta de la Comisión de Constitución, la fujimorista Martha Moyano, sustentó el dictamen del proyecto de ley 6951 que propone precisar la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana.
Tras su debate, el texto sustitutorio del dictamen fue aprobado por 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones, y será sometido a una segunda votación en un plazo de siete días.
El dictamen precisó que el Estatuto de Roma, que estableció que cualquier acusado de crímenes de guerra pueda ser procesado por la Corte Penal Internacional, entró en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el 1 de julio 2002.
En tanto que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad lo hizo el 9 de noviembre de 2003.
De esa forma, se planteó que los delitos cometidos con anterioridad a esos años «prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional».
En el proyecto aprobado este jueves se establece que «nadie será procesado, condenado, ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional».
«Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra», añade el texto que contiene las propuestas de legisladores de la bancada Honor y Democracia, formada por ex comandantes de las Fuerzas Armadas, y de Fuerza Popular, el partido de la excandidata presidencial Keiko Fujimori e hija del exmandatario Alberto Fujimori.
Precisamente, el expresidente Fujimori (1990-2000) fue condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, a raíz de dos matanzas cometidas por el grupo militar encubierto Colina en 1991 y 1992, y actualmente, a pesar de haber sido indultado y excarcelado, sigue siendo procesado por otra masacre atribuida al Colina.
Así como Fujimori, otros exfuncionarios de su gobierno, como su exasesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, y exjefes militares han sido sometidos a juicios en los últimos años y en la actualidad por presuntos abusos a los derechos humanos cometidos entre 1980 y 2000, los años en que la banda terrorista Sendero Luminoso desató una guerra contra el Estado peruano, a la que se sumó el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).
