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La presidenta de Perú, Dina Boluarte, reiteró este martes la firme decisión de su gobierno de aplicar una política de «mano dura» contra los delincuentes de alta peligrosidad, como sicarios, extorsionadores y asesinos. Esta medida fue anunciada tras el atentado con explosivos ocurrido el lunes en la ciudad de Trujillo, que dejó varios heridos y graves daños materiales. La mandataria anunció que los responsables de este ataque, así como otros criminales de alto perfil, serán trasladados a la prisión de máxima seguridad de Challapalca, una cárcel ubicada a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, en un esfuerzo por garantizar que la justicia se cumpla de manera firme y rápida.
El gobierno de Dina Boluarte refuerza la seguridad
En una reunión virtual con sus ministros desde Davos, donde participa en la 55ª edición del Foro Económico Mundial, la presidenta Boluarte detalló las acciones inmediatas que su gobierno ha coordinado para combatir la delincuencia organizada en el país. La mandataria mencionó que, en colaboración con el ministro del Interior, el ministro de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), se había decidido que el delincuente identificado que amenazó a una fiscal y los autores del atentado con explosivos en Trujillo serán enviados a Challapalca, una prisión de máxima seguridad que, debido a su ubicación remota y su alto nivel de vigilancia, se considera una de las más estrictas del país.
Boluarte hizo un llamado claro a los delincuentes: «No les va a temblar la mano para terminar con la delincuencia». La presidenta de Perú destacó que la lucha contra los criminales no se detendría, asegurando que aquellos que sean capturados deberán enfrentar todo el peso de la ley.
Fotografía de archivo de integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía de Perú. EFE/Carlos Ortega
El atentado en Trujillo y sus consecuencias
El atentado con explosivos ocurrido en Trujillo el lunes, que dejó a dos personas heridas y varios daños materiales, ha sido calificado por el gobierno como una «respuesta criminal» ante los esfuerzos del estado para desmantelar redes delictivas nacionales y transnacionales. Según el Ministerio del Interior de Perú, el ataque fue perpetrado como una represalia a las acciones de las autoridades en contra de las bandas criminales que operan en el país, y que han estado involucradas en actividades como la extorsión, el narcotráfico y el secuestro.
El gobierno peruano condenó rotundamente este acto de violencia y enfatizó que no se permitirá que las organizaciones criminales sigan operando con impunidad. El ataque en Trujillo resalta la creciente amenaza del crimen organizado en varias regiones del norte de Perú, un problema que la administración de Boluarte ha decidido enfrentar con determinación.
Refuerzo de la seguridad en Trujillo
Tras el atentado, el gobierno de Perú ordenó un despliegue de fuerzas de seguridad en Trujillo. La ciudad quedó bajo el control de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Perú con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Víctor Zanabria, comandante general de la Policía de Perú, informó que el presunto responsable intelectual del atentado y las amenazas a una fiscal es un cabecilla de una banda criminal que se encontraba preso en el penal de Cajamarca por cargos de extorsión y secuestro.
La operación en Trujillo fue rápida y efectiva, y las autoridades lograron restaurar la calma en la ciudad horas después del ataque. La presencia de las fuerzas de seguridad en las calles fue significativamente mayor a la habitual, con patrullajes continuos y controles en puntos estratégicos de la ciudad.
Fotografía donde se observa la sede de la Fiscalía afectada por la detonación de un explosivo este lunes, en la ciudad de Trujillo. EFE/STR
Medidas adicionales para proteger a jueces y fiscales
Además de las acciones tomadas para reforzar la seguridad en Trujillo, el gobierno de Dina Boluarte ha asegurado que ofrecerá protección a jueces y fiscales que investigan casos de crimen organizado, especialmente en el norte del país. Esta medida responde a las crecientes amenazas que enfrentan los funcionarios encargados de impartir justicia, quienes se encuentran en la línea de fuego al combatir a las organizaciones criminales.
La Policía Nacional de Perú ha intensificado su presencia en las zonas más conflictivas, y las autoridades locales se han comprometido a ofrecer apoyo adicional a los jueces y fiscales que persiguen a los criminales. Según Boluarte, este tipo de medidas son esenciales para garantizar que el sistema judicial opere sin amenazas externas y que la justicia pueda cumplirse de manera eficaz.
