La Comisión Permanente del Congreso peruano aprobó este jueves (04.07.2024), en segunda votación, un proyecto de ley para prescribir los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, lo que beneficiará al expresidente Alberto Fujimori y a 600 militares procesados, pese al rechazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La iniciativa fue aprobada con 15 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención en una sesión de la Comisión Permanente, que reemplaza al pleno cuando hay receso parlamentario y que la puso como uno de los primeros temas de debate. La ley -que busca anular los procesos por presuntos crímenes de guerra cometidos durante el conflicto interno o «guerra contra el terrorismo»- ahora pasará a sanción presidencial.
Impulsada por la mayoría derechista que controla el parlamento unicameral, la norma permitirá la prescripción automática de unos 600 casos de presuntos crímenes de guerra investigados desde hace más de tres décadas, anunció la fiscalía. La presidenta peruana, la conservadora Dina Boluarte, tiene un plazo de hasta 10 días para promulgar la ley o devolverla al Congreso.
«Indignado” con la CorteIDH
La Corte Interamericana de Derechos Humanos había requerido el martes «al Estado del Perú que a través de sus tres Poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley No. 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú». También ordenó, apelando a su jurisdicción sobre el país sudamericano, a que a más tardar el 9 de agosto presente un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de su mandato.
El proyecto fue propuesto por el partido fujimorista Fuerza Popular y por el ultraconservador Renovación Popular, bancada conformada en parte por exjefes de las Fuerzas Armadas. «El objetivo de la ley es cortar los juicios y liberar a quienes han sido sentenciados», dijo a la agencia AFP el congresista de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi, uno de los promotores de la iniciativa. «Hay casos en que (la justicia) aplicó ilegalmente el delito de lesa humanidad para justificar la sentencia en base a delitos prescritos, como desapariciones», agregó.
El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén, en tanto, había expresado su indignación por la orden de la CorteIDH. «Indignado, absolutamente indignado, por lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que decide de la manera más insólita”, declaró Adrianzén al ser consultado sobre el tema. El ministro añadió que «resulta intolerable» que la corte supranacional llame a los tres poderes «de un estado miembro soberano», como Perú, a no aprobar o aplicar una ley.
