El periodista José Rubén Zamora salió este sábado (19.10.2024) de un cuartel militar de la capital de Guatemala, después de que un juez le concediera el viernes la medida de arresto domiciliario tras permanecer 813 días detenido en medio de un proceso judicial plagado de irregularidades.
«Siento una mezcla de cosas: alegría y tranquilidad», declaró el director del censurado y extinto diario elPeriódico a decenas de periodistas tras cruzar a las 17.36 hora local (23.36 GMT), el portón de la cárcel del cuartel Mariscal Zavala.
«Me siento extraordinariamente feliz y agradecido por el apoyo de ustedes y de las diferentes organizaciones nacionales e internacionales», agregó a los reporteros que lo rodearon.
Zamora estuvo en prisión desde el 29 de julio de 2022, cuando fue acusado de supuesto lavado de dinero en un caso presentado por la Fiscalía apenas cinco días después de que el periodista acusara de corrupción al entonces presidente guatemalteco Alejandro Giammattei (2020-2024).
«El Ministerio Público irá de nuevo detrás de mí y yo los esperaré en mi casa, y si me toca volver a prisión vendré con tranquilidad porque los casos carecen de sustento», añadió ea las afueras de la prisión.
Familiares del periodista acudieron a recibir a Zamora, de 67 años, a quien un juez le otorgó el arresto domiciliario por considerar que se excedió el tiempo de prisión preventiva en su contra y por respeto a sus derechos humanos.
Larga trayectoria
La defensa logró acreditar que no existe peligro de fuga ni de obstrucción a la justicia, por lo que el juez Erik García accedió a enviar al periodista a su casa bajo arraigo.
Zamora es reconocido internacionalmente por una trayectoria de más de tres décadas denunciando la corrupción estatal de seis administraciones presidenciales de Guatemala.
En mayo pasado se le otorgó el premio Gabo a la excelencia y durante su encarcelamiento fue respaldado abiertamente por los gobiernos de países como Estados Unidos y España.
Después de su liberación, Zamora debe continuar enfrentando procesos penales, un juicio por lavado de dinero y etapa intermedia por los delitos de alteración de documentos migratorios y obstrucción a la justicia.
Entre 2018 y 2024, más de 50 personas, entre periodistas, jueces, fiscales y activistas han alegado ser criminalizados y perseguidos por el sistema judicial del país centroamericano.
