El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anticipó este jueves que impulsará una revisión del marco laboral en el país, con la intención de cumplir su promesa de campaña de generar 500.000 nuevos empleos.
«La decisión es que si nosotros queremos alcanzar esos 500.000 empleos, nosotros debemos generar cambios profundos dentro del marco laboral que generen las condiciones para mantener los empleos que tenemos», declaró el gobernante a periodistas, al término de su participación en la Expo Negocios 2024.
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En ese sentido, aseguró que este asunto es parte de un diálogo que su Gobierno mantiene con centrales obreras, sindicatos, empresarios y gremios.
Peña anticipó, sin entrar en detalles, que entre los «ajustes» que prevé introducir está uno referido a la estabilidad de los empleados.
Según el Código Laboral paraguayo, cuando un trabajador cumple 10 años ininterrumpidos de servicios con el mismo empleador «adquiere estabilidad en el empleo», lo cual activa una serie de supuestos exigidos por ley ante un posible despido.
«Si nosotros queremos generar los 500.000 empleos, si nosotros realmente queremos mejorar la calidad de vida (…), nosotros tenemos que utilizar la evidencia científica que nos está mostrando que hay una tragedia en el mercado laboral, porque aquellos que consiguieron finalmente tener un empleo, hoy están siendo despedidos por el miedo de llegar a ese supuesto umbral de los 10 años», explicó.
En ese sentido, argumentó que «claramente» tienen que «hacer algunos ajustes ahí».
«Esto ya se viene hablando hace muchos años, pero hay que poner el cascabel de gato. Así que yo tomé la decisión de avanzar en esto, hay un equipo que está trabajando en el campo jurídico, para revisar el marco jurídico en el mercado laboral y proponer estos cambios que obviamente tienen que ser discutidos en el ámbito legislativo», complementó.
Consultado al respecto, el especialista en derecho laboral y en derecho constitucional Robert Marcial González explicó a EFE que la regulación paraguaya está basada en el Código Laboral, cuya última reforma se dio en el año 1993.
Igualmente, rigen una serie de normas complementarias dictadas en los últimos diez años, como la protección de maternidad y paternidad, la contratación temporal y el servicio doméstico, y están vigentes normativas del Instituto de Previsión Social (IPS) -encargado del sistema de salud y de pensiones- y del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
