El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó este lunes un proyecto de ley contra la corrupción, que busca unir los esfuerzos de los distintos poderes de Estado con el de entidades oficiales y crea un consejo que vincula a distintas autoridades y al sector privado en la lucha contra ese delito.
La iniciativa, que establece el «Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción», fue oficializada por Peña en un encuentro en el que participaron el vicepresidente del país, Pedro Alliana; los presidentes del Congreso, Basilio Núñez; de la Corte Suprema, Luis María Benítez, y el contralor general de la república, Camilo Benítez.
«Estamos sentando las bases para una gestión pública sólida, sustentada en la transparencia, la rendición de cuentas y la participación activa de la ciudadanía. Este es un paso clave hacia un Paraguay más íntegro y transparente», publicó Peña en la red social X.
En una conferencia de prensa, la portavoz del Gobierno, Paula Carro, indicó que la propuesta se concentra en «tres ejes principales» como son el fortalecimiento de las bases para «una cultura de integridad, transparencia y prevención de la corrupción pública», la recepción y gestión de denuncias contra funcionarios públicos y la coordinación y alianzas estratégicas con el sector público y privado.
«Este proyecto lo que busca es otorgar mayor eficacia a los programas y esa búsqueda de una instalación de una cultura de integridad», afirmó la portavoz, quien destacó que abarca «no solamente a los órganos que dependen del Poder Ejecutivo» sino que «inviste de verdadera autoridad» a la Contraloría, un organismo «extrapoder» en el país.
Carro señaló que se ha acordado la conformación de un Consejo que, de aprobarse la ley, estaría integrado por los representantes de los diferentes poderes del Estado y de los órganos extrapoder, como la Contraloría y la Fiscalía.
Por su parte, el contralor general explicó que su institución se convertirá «en una suerte de Centro Nacional de denuncias de hechos de corrupción», lo que consideró facilitará la participación de los ciudadanos.
«Es muy difícil luchar contra la corrupción, es muy difícil denunciar a un funcionario público, pero mucho más difícil es si ese funcionario a quien tenemos que denunciar es nuestro jefe o nos puede echar de nuestro cargo», admitió Benítez, quien consideró que asumen «un desafío enorme».
Durante la misma conferencia, el asesor Jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno, explicó que este proyecto es fruto de la estrategia nacional anticorrupción presentada en noviembre del año pasado.
«Con una ley no se resuelven todos los problemas. De la noche a la mañana no vamos a dejar de tener hechos de corrupción, pero sí se establece una estrategia inteligente para encarar este problema», defendió.
