El régimen de Daniel Ortega ha dado un nuevo golpe a las 135 personas liberadas el pasado jueves y expulsadas a Guatemala. La Corte Suprema de Justicia, controlada por el viejo guerrillero sandinista, ha informado la mañana de este lunes de que retira la nacionalidad nicaragüense a estos excarcelados, considerados presos políticos por criticar o disentir del Gobierno autoritario de Managua. La Corte también ordena el decomiso de todos los bienes de estas personas, que intentan rehacer su vida tras su liberación y traslado a territorio guatemalteco tras una negociación entre Estados Unidos y el régimen de Ortega.
La Corte Suprema informa en su comunicado, emitido por la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, las personas liberadas fueron condenadas “por hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense, incitando y promoviendo la violencia, el odio, el terrorismo y desestabilización económica, alterando la paz, seguridad y el orden constitucional”. El aparato de justicia de Ortega ordena en su resolución “el decomiso de todos los bienes de los condenados, a fin de responder por los severos daños materiales e inmateriales que las actividades delictivas de estos”. Para el régimen, con esta decisión “se hace justicia efectiva a las víctimas de estos delitos”. Esos “delitos” fueron disentir de la dictadura de Managua, criticar al régimen, exigir la libertad de los presos políticos a apoyar a voces críticas como el cura Rolando Álvarez, una de las caras más visibles de la disidencia política nicaragüense.
El comunicado de la Suprema Corte de Justicia de Nicaragua.SCJ Nicaragua
Para la abogada Azahalea Solís, defensora de derechos humanos exiliada en Costa Rica y a quien el régimen también despojó de su nacionalidad, la decisión de Ortega es una muestra “de que la profundización de la crisis política y represiva de derechos humanos en Nicaragua es cada vez mayor” y que deja claro que tanto Ortega como su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, son sus perpetradores. Solís, quien ha conversado con EL PAÍS desde Ginebra, donde se encuentra para en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que presentará un informe de expertos sobre la situación de Nicaragua, ha explicado que estos casos de los presos políticos liberados el jueves y a quienes se les ha despojado de su nacionalidad pueden ser presentados en una denuncia contra Ortega ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero también pueden formar parte de una demanda ante la Corte Internacional porque “convertir en apátrida a una persona es considerado un delito de lesa humanidad”, ha dicho. “Estos casos se pueden llevar ante la Corte con sede en La Haya a través de uno de los país que aceptan su competencia, la jurisdicción universal”, ha explicado la experta, que además forma parte del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), una de las principales organizaciones feministas de Nicaragua y de las primeras en ser perseguidas por el régimen.
Solís ha destacado que el Gobierno nicaragüense hizo público el comunicado de la Corte Suprema en el momento cuando el grupo de expertos que analizan la situación en Nicaragua presentaban un primer informe sobre las violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano. Para Solís es una estrategia del régimen para desviar la atención sobre las graves vejaciones que hoy eran denunciadas en Suiza. “Es una canallada más”, ha dicho Solís.
El Gobierno de Joe Biden informó la mañana del pasado jueves de que el régimen de Ortega había decidido excarcelar a 135 presos políticos y los envío en un avión con destino a Guatemala. “La Administración de Biden y Harris logró la liberación de 135 presos políticos injustamente detenidos en Nicaragua, por razones humanitarias. Nadie debe ser encarcelado por ejercer pacíficamente sus derechos fundamentales de libre expresión, asociación y práctica de su religión”, dijo Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos, a través de un comunicado publicado el jueves. Washington ha exigido al régimen de Ortega un “retorno pacífico a la democracia” y que libere a todos los presos políticos en Nicaragua.
Los nicaragüenses liberados han sido hospedados en varios hoteles de la llamada Zona 10 de la capital guatemalteca, donde se les ha provisto de ropa, alimentación, atención médica y psicológica. Personal de ACNUR, la organización de Naciones Unidas para los refugiados, analiza cada caso y gestiona traslados a otras naciones para quienes quieran dejar Guatemala. El Gobierno del presidente Bernardo Arévalo les ha otorgado 90 días de estadía legal y la posibilidad de quedarse de forma permanente. Washington ha prometido visados para quienes quieran viajar a aquel país. Carlos Martínez, ministro de Exteriores de Guatemala, ha dicho que el gesto de recibir a los nicaragüenses ha sido una acción “humanitaria”. Cuando concedió una entrevista a EL PAÍS la mañana del viernes, Ortega no había despojado de su nacionalidad a los nicaragüenses. Al preguntarle si Guatemala estaría dispuesta a otorgarle la nacionalidad a estas personas, el ministro respondió: “Evidentemente hay que documentarlos. Hay aquí una sección consular de la embajada de Nicaragua, porque no hay embajador, y asumo que parte de este trámite lo manejará ACNUR”. Ortega ya había despojado de su nacionalidad a más de 200 personas hace un año, entre ellos los escritores Sergio Ramírez, Premio Cervantes, y la poeta Gioconda Belli, Premio Reina Sofía de Poesía, además de a activistas, periodistas, académicos y voces críticas contra el régimen.
