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La situación política en Nicaragua “continúa deteriorándose” y reina en el país “un grave clima represivo”, indicó este lunes la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, recordando que desde febrero de 2023 al menos 546 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad y actualmente 76 personas siguen detenidas de forma arbitraria.
Además, en los últimos meses, las autoridades han impulsado reformas “dirigidas a concentrar más poder en la Presidencia y criminalizar las voces disidentes”, subrayó la alta comisionada adjunta para derechos humanos, Nada Al-Nashif, en una actualización sobre la situación en el país presentada en una reunión intersesiones del Consejo de Derechos Humanos.
Sobre los 546 nicaragüenses a los que se les ha retirado su nacionalidad y expulsado, 135 de ellos en septiembre, Al-Nashif recordó que “han quedado en precarias condiciones en el extranjero” y muchos están en condición de apátridas, siendo sus activos confiscados.
Otros no están pudiendo establecer su nacionalidad nicaragüense ya que el Gobierno rehúsa renovar sus pasaportes o enviar documentación cuando están en el extranjero, “borrando su identidad legal e impidiendo las conexiones con su patria”, subrayó la “número dos” de la oficina de derechos humanos en la ONU.
Fotografía de archivo de Nada Al-Nashif. EFE/EPA/Salvatore Di Nolfi
Detenciones arbitrarias
Respecto a las detenciones arbitrarias, Al-Nashif subrayó que oponentes políticos, líderes religiosos e indígenas y defensores de derechos humanos siguen siendo víctimas de ese instrumento abusivo.
“En los últimos días de noviembre, al menos 30 personas fueron detenidas de forma arbitraria, incluyendo tres niños”, señaló la alta comisionada adjunta.
Agregó que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha recibido información que “revela un patrón consistente de violaciones del debido proceso, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, condiciones de detención pésimas y tortura física y psicológica, incluyendo privación del sueño y denegación de la atención médica”.
Fotografía de archivo del 12 de septiembre de 2017 del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. EFE/ Jorge Torres
Al-Nashif mencionó algunos casos individuales de víctimas de abusos como Angélica Chavarría, en paradero desconocido desde mayo del 2024 y pareja del general retirado Humberto Ortega, fallecido en septiembre cuando se encontraba privado de libertad.
Citó asimismo el caso del líder indígena Brooklyn Rivera y la exasesora presidencial sobre asuntos indígenas Steadman Fagoth, también desaparecidos.
“Urgimos a la liberación inmediata de todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad, incluyendo aquellos detenidos por ejercer sus derechos a la libre expresión y asamblea”, subrayó Al-Nashif, quien también pidió el fin de las desapariciones forzadas y los casos de tortura y maltrato.
Fotografía de archivo en la que se observa a un agente de la Policía Nacional (c) obstruyendo el paso a un camarógrafo durante una protesta que exige la liberación de presos políticos, en Managua (Nicaragua). EFE/STR
Preocupantes reformas
Sobre las reformas legales que preocupan a la oficina, Al-Nashif citó las que recientemente expandieron los poderes del Estado para perseguir incluso presuntos delitos cometidos fuera de Nicaragua.
Ese tipo de leyes, que incluyen actividades en redes sociales, que según las autoridades podrían “inducir el pánico” o amenazar la “estabilidad social”, allanan el camino “a más persecución política y erosión de los derechos fundamentales”, subrayó.
Al-Nashif también mencionó las reformas constitucionales en proceso de revisión parlamentaria y que, si entran en vigor, “erosionarán más el Estado de derecho” con textos “ambiguos para restringir la libertad de expresión y el derecho a reunión pacífica”.
La crisis de derechos humanos en Nicaragua “se está profundizando”, concluyó Al-Nashif, quien subrayó que “es del interés del Gobierno y el pueblo nicaragüense regresar a un camino democrático y mantener un diálogo constructivo para tal fin”.
