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La reciente entrada en vigor de la reforma constitucional en Nicaragua, que elimina la separación de poderes y fortalece el poder del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, ha sido calificada por expertos como una «sentencia de muerte para el Estado de Derecho». Esta modificación constitucional no solo aumenta la concentración de poder en manos de la pareja presidencial, sino que también genera preocupaciones a nivel internacional sobre el futuro democrático del país.
La reforma constitucional: concentración de poder en Nicaragua
Uno de los miembros del Grupo de Expertos en Derechos Humanos creado por la ONU para estudiar la situación en Nicaragua, el húngaro Reed Brody, enfatizó que la reforma aprobada por el gobierno nicaragüense marca un retroceso en términos de derechos fundamentales y la libertad política. Según Brody, la nueva constitución ha sido diseñada «a la medida del presidente Ortega y su esposa Murillo», quienes, tras haber luchado contra una dictadura familiar en el pasado, ahora han instaurado un régimen aún más autoritario.
El impacto en el Estado de Derecho en Nicaragua
El informe presentado por el grupo de expertos señala que, con las modificaciones legales, la pareja presidencial obtiene potestades constitucionales que le permiten suspender derechos fundamentales, convocar al Ejército para realizar tareas policiales y establecer una nueva fuerza de policía, compuesta por individuos encapuchados, que recuerda a los grupos paramilitares que participaron en la represión de 2018. Este escenario ha generado una creciente preocupación en la comunidad internacional.
«Más que una constitución, lo que han creado es un decreto real», afirmó Brody, refiriéndose a la nueva carta magna de Nicaragua, y advirtió que el poder se ha concentrado en manos de una sola figura política, lo que pone en peligro las instituciones democráticas del país.
El Presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, Jan-Michael Simon. EFE/EPA/Til Buergy
Nicaragua y la fusión del poder político y militar
El presidente del grupo de expertos, Jan-Michael Simon, señaló que el gobierno de Nicaragua ha logrado fusionar al Estado con el gobernante Partido Sandinista, formando una «maquinaria de represión» que se encarga de violar sistemáticamente los derechos humanos. Esta «maquinaria» es responsable de una serie de abusos graves, tales como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y la expulsión de ciudadanos.
Los miembros del grupo de expertos han resaltado que esta situación es una de las principales amenazas para la estabilidad y los derechos humanos en el país. En su informe, indicaron que el presidente Ortega y su esposa Murillo están utilizando el poder del Estado para afianzar su control político, debilitando aún más las garantías de libertad y democracia en Nicaragua.
La comunidad internacional frente a la crisis en Nicaragua
Ante la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua, la comunidad internacional debe intervenir, según los expertos. Una de las propuestas más destacadas ha sido llevar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones a la Convención contra la Tortura. Además, se sugiere la imposición de sanciones económicas a los líderes del régimen de Ortega y Murillo como una forma de presionar por un cambio en las políticas represivas del gobierno nicaragüense.
A lo largo de los últimos meses, la comunidad internacional ha mostrado una creciente preocupación por la situación en Nicaragua. Recientemente, la Justicia argentina emitió una orden de captura contra Ortega y Murillo, mientras que en Estados Unidos se han iniciado investigaciones sobre abusos laborales y violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano.
Iniciativas internacionales y sus efectos
Las acciones internacionales contra el régimen de Ortega y Murillo son vistas como un paso importante para visibilizar la situación de Nicaragua. Según la experta uruguaya Ariela Peralta, quien forma parte del grupo de expertos, las investigaciones y sanciones internacionales pueden contribuir significativamente a llamar la atención sobre la crisis nicaragüense. Peralta también destacó la importancia de la «jurisdicción universal», que permite a otros países tomar medidas judiciales contra los responsables de violaciones de derechos humanos, sin importar su ubicación geográfica.
