El encarcelamiento masivo o políticas “cada vez más punitivas” para las mujeres han causado una situación “de emergencia” en el sistema penitenciario de Uruguay, donde el número de reclusas aumentó un 965 % en las últimas dos décadas.
Así lo expresó a EFE este martes Florencia Roldán, directora de la consultora uruguaya Nómade y experta en cuestiones de género, en el marco de la presentación de la segunda fase del informe ‘Mujeres en conflicto con la ley penal en Uruguay. Diagnóstico social e institucional’, en Montevideo.
“Este aumento responde a políticas que son bastante más fuertes con el delito de las mujeres (…) y, a partir de la última normativa, este crecimiento se sigue sosteniendo, ya que en el último año la tasa de crecimiento de las mujeres fue casi del 20 %, mientras que para los varones fue del 6 %”, aseguró.
Cinco de cada diez reclusas condenadas por microtráfico
Según el informe, cinco de cada diez reclusas fueron condenadas por delitos relacionados con el microtráfico de drogas, aunque Roldán señaló otras cuestiones también comunes de esta población, como la maternidad temprana o la violencia intrafamilar, que derivan en trayectorias de vida “difíciles y comprometidas”.
“También tienen consecuencias en cuanto a la educación y en la deserción escolar. Más del 70 % no finalizó la educación media, lo que condiciona el acceso a trabajos de calidad”, explicó.
Asimismo, el documento destaca la insatisfacción de las reclusas respecto a la salud mental, ya que el 45,3 % de ellas solicitó asistencia a pesar de que, previo al ingreso a instituciones carcelarias, solo un 12,8 % se percibía con problemas de esta índole.
“Esto implica que la cárcel enferma a las mujeres, complica la salud mental de ellas y que no hay medidas adecuadas para tratar este problema”, apuntó Roldán y subrayó también la prioridad de abordar el problema de los niños que viven dentro de las cárceles, ya que hay más de 70 menores de tres años en ellas.
Reclusas en Uruguay sin derechos
El informe se presentó en el marco del proyecto Crisálidas, financiado por la Unión Europea (UE), cofinanciado y ejecutado por la Universidad CLAEH de Uruguay y el Instituto de Cooperación Internacional y Desarrollo Municipal, que tiene como objetivo mejorar la situación de las mujeres privadas de libertad en Uruguay.
Además, durante el encuentro, distintas organizaciones de la sociedad civil reivindicaron los derechos de la población de presas – que supone el 7 % de las personas encarceladas en Uruguay – a través del documento ‘Faltan derechos, sobran las cárceles’.
“Es preocupante que en pleno período electoral, ninguno de los candidatos partidarios esté tratando la política penitenciaria y su aplicación como un tema prioritario”, destacaron en referencia al actual período de campaña electoral en Uruguay, donde el 27 de octubre tendrán lugar las elecciones presidenciales y parlamentarias.
