La Policía Federal (PF) de Brasil lanzó este jueves (11.07.2024) una nueva operación con arrestos y allanamientos contra sospechosos de haber participado en una supuesta trama de espionaje ilegal de altas figuras políticas y periodistas durante el Gobierno de Jair Bolsonaro.
Entre las personalidades de primera línea que fueron supuestamente vigiladas estarían el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, y su antecesor, Rodrigo Maia, según un informe de la investigación difundido este jueves por el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) -máxima corte- Alexandre de Moraes, a cargo del caso.
El propio Moraes -frecuente objeto de la ira de Bolsonaro por haber ordenado varias investigaciones contra él y su entorno- es citado en el documento como una de las figuras espiadas, así como otros tres jueces del STF, incluyendo su actual presidente, Luis Roberto Barroso.
La lista también incluye al exgobernador del estado de Sao Paulo, Joao Doria, y periodistas renombradas como Mónica Bergamo, del diario Folha de S. Paulo, así como Vera Magalhães, del diario O Globo, a quien Bolsonaro llamó «una vergüenza para el periodismo brasileño» durante un debate electoral en 2022.
«El espionaje, utilizando el aparato del Estado contra personas consideradas como adversarios del expresidente, es un comportamiento de un gobierno totalitario y criminal, digno de las peores dictaduras», reaccionó en una nota Rodrigo Maia, quien presidió la Cámara de Diputados de 2016 a 2021.
Los arrestos a la Agencia Brasileña de Inteligencia
La PF lanzó la nueva operación el jueves -la cuarta en el marco de este caso- cumpliendo «cinco mandatos de prisión preventiva y siete órdenes de allanamiento» en cinco estados brasileños, incluida la capital Brasilia.
Las órdenes de arresto involucraban a policías de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) e influenciadores digitales sospechosos de expandir desinformación. Cuatro de las personas buscadas fueron detenidas, confirmó una fuente policial a la agencia AFP. Son señalados de integrar una «organización criminal» que creó «perfiles falsos» de «miembros de los tres poderes y periodistas» y difundió noticias falsas. También, accedieron «ilegalmente» a computadoras y teléfonos.
Las personas sospechosas aparentemente usaron recursos de la ABIN «para vigilar autoridades (…) con el objetivo de obtener ventajas políticas» y «desestabilizar las instituciones republicanas», afirmó Moraes en el escrito que autorizó la operación policial.
