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El Gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega, ha anunciado su retirada de todas las actividades relacionadas con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta decisión se produce tras la publicación de un informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, que recomendó llevar al país centroamericano ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la privación de nacionalidad a nicaragüenses. La medida fue confirmada este jueves por la copresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, quien lo calificó como un acto soberano e irrevocable.
El informe del Grupo de Expertos, que incluye graves acusaciones contra el gobierno de Ortega, sostiene que el Ejército nicaragüense participó activamente en la represión de las manifestaciones de abril de 2018 y que se cometieron ejecuciones extrajudiciales. Además, señala que el gobierno sandinista ha desmantelado los últimos controles sobre su poder, incurriendo en violaciones a los derechos humanos.
La postura de Nicaragua ante las acusaciones de la ONU
Rosario Murillo rechazó categóricamente el contenido del informe, calificándolo de «falsedades, calumnias y mentiras». En una declaración oficial, la vicepresidenta nicaragüense defendió la soberanía de su país y destacó la importancia de preservar el «decoro y orgullo» de la nación ante las acusaciones. En su discurso, Murillo también expresó el rechazo de Nicaragua hacia lo que calificó como «la política colonialista» de la ONU, señalando que estos informes son parte de una agenda que busca interferir en los asuntos internos de Nicaragua.
Murillo también afirmó que Nicaragua ha enviado una carta formal al presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el embajador Jürg Lauber, en la que se expresa el rechazo a lo que consideraron un informe sesgado e instrumentalizado. La carta hace referencia a los principios de objetividad e imparcialidad establecidos en la resolución de la ONU de 2006, los cuales, según Nicaragua, han sido violados en este caso.
Imagen de archivo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (d), y la vicepresidenta, Rosario Murillo (i). EFE/Jorge Torres
El rechazo a la politización de los derechos humanos
El gobierno nicaragüense ha sostenido que el informe del Grupo de Expertos, al igual que otros informes previos y actualizaciones de la ONU, es un ejemplo de la politización de los derechos humanos y la aplicación de un doble rasero. Según Murillo, estos mecanismos han sido utilizados como pretextos para interferir en los asuntos internos de Nicaragua y violar la soberanía nacional.
De acuerdo con el gobierno de Ortega, la política de los organismos internacionales sobre derechos humanos no ha hecho más que obstaculizar el desarrollo económico y social del país. Nicaragua afirma que estos informes y resoluciones no solo dañan la imagen del gobierno, sino que también afectan a la estabilidad del pueblo nicaragüense, especialmente en áreas como la salud y la educación.
Ataques directos contra el Grupo de Expertos de la ONU
La misiva enviada por el gobierno nicaragüense también incluye fuertes críticas hacia el Grupo de Expertos de la ONU, al que acusó de ser un «instrumento político» que ha «atentado contra la paz y la tranquilidad» de Nicaragua. En su denuncia, Murillo mencionó que los mismos actores que apoyan estos informes son responsables de los actos violentos y destructivos que han afectado al pueblo nicaragüense durante las manifestaciones de 2018 y que han causado daños incuantificables a la economía del país.
Imagen de archivo de dos mujeres que conversan frente a un mural con la imagen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en Sandino (Nicaragua). EFE/ Str
El gobierno de Nicaragua también expresó su rechazo a las medidas coercitivas unilaterales impuestas por algunos países, que han sido declaradas ilegales por la Asamblea General de la ONU por violar el derecho internacional.
La situación de los nicaragüenses despojados de su nacionalidad
Uno de los aspectos más polémicos mencionados en el informe de la ONU es la privación de la nacionalidad a varios opositores políticos. En los últimos meses, 452 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad. Este proceso culminó en septiembre de 2023 con la expulsión de 135 opositores presos hacia Guatemala, dejándolos en una situación de apatridia.
El gobierno de Ortega ha defendido estas acciones como parte de su lucha contra lo que considera una oposición «traidora», mientras que organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional han denunciado esta práctica como una violación de los derechos humanos fundamentales.
