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Nicaragua ha puesto en vigor este miércoles una reforma constitucional que transforma la estructura del Estado, eliminando el balance de poderes y consolidando un poder absoluto en manos del presidente Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, quien ahora ostenta el título de «copresidenta».
Esta reforma constitucional ha generado una fuerte crítica internacional, con voces en contra de organismos como la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo, y opositores nicaragüenses. La norma entró en vigencia tras su publicación en el Diario Oficial, La Gaceta, y 19 días después de haber sido aprobada en la segunda y definitiva legislatura.
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Cambios en la estructura del Estado con la reforma constitucional
Uno de los principales cambios que introduce esta reforma es la extensión del período presidencial de cinco a seis años. También se establece la figura de la «copresidenta», una medida que amplía el poder de la pareja presidencial. Además, la reforma establece que el Ejecutivo coordinará los demás órganos del Estado, que ahora dejan de llamarse poderes, lo que refuerza aún más la centralización del poder en la figura presidencial.
Otra de las implicaciones significativas de esta reforma es la legalización de la apatridia, es decir, la pérdida de la nacionalidad nicaragüense. Por otro lado, se crean nuevas fuerzas de seguridad como las «fuerzas militares de reserva patriótica» y la «policía voluntaria», las cuales, según los opositores, podrían funcionar como fuerzas parapoliciales y paramilitares.
Fotografía de archivo que muestra a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. EFE/Jorge Torres
Suprapoderes para la Presidencia de Nicaragua
Con la reforma, Nicaragua se define como un Estado «revolucionario», libre, soberano e independiente. Según el nuevo texto, la democracia directa es la forma en que el pueblo ejerce su poder, pero bajo la dirección del presidente, quien se convierte en el principal conductor del poder del Estado. La Presidencia asume el liderazgo del gobierno y coordina los órganos legislativo, judicial, electoral, la fiscalía y otros entes autónomos.
Además, la reforma otorga a la Presidencia el control absoluto sobre el Ejército y la Policía Nacional, consolidando el poder de Ortega en todos los aspectos de la vida política y de seguridad del país. En este contexto, la figura de la copresidencia también se amplía para incorporar a Rosario Murillo, quien ejerce funciones junto a su esposo por un período de seis años, con la capacidad de nombrar vicepresidentes sin necesidad de un proceso electoral.
Nuevas fuerzas de seguridad y control sobre los medios
La reforma constitucional también crea las «fuerzas militares de reserva patriótica», las cuales estarán integradas por antiguos miembros del Ejército de Nicaragua que han pasado a la «condición de retiro o licenciamiento». Además, se crea la policía voluntaria, una fuerza auxiliar que apoyará a la Policía Nacional y estará compuesta por ciudadanos nicaragüenses que se ofrezcan a prestar servicio de forma voluntaria.
Vista de un mural con la imagen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en una fotografía de archivo. EFE/ Str
Pese a que la figura de la policía voluntaria no existía en la Constitución, Ortega defendió su existencia en septiembre de 2022, afirmando que esta fuerza, junto con el Ejército y la Policía Nacional, ayudó a restaurar la paz en Nicaragua tras las protestas de 2018. Estas manifestaciones fueron desatadas por reformas controvertidas a la seguridad social, que resultaron en cientos de muertes. Sin embargo, tanto organismos humanitarios como opositores afirman que las fuerzas de seguridad estatales y los grupos de «policías voluntarios» actuaron como fuerzas parapoliciales y paramilitares para reprimir las manifestaciones en lo que se conoció como la «Operación Limpieza».
La reforma también establece que el Estado nicaragüense garantizará que los medios de comunicación no estén sometidos a influencias extranjeras ni divulguen información falsa que amenace los derechos de los ciudadanos.
Ortega y Murillo, en el poder desde 2007
Daniel Ortega, quien cumple 79 años este año, gobierna Nicaragua desde 2007. En 2017, asumió el poder de forma conjunta con su esposa, Rosario Murillo, en medio de denuncias de fraude electoral y la eliminación de opositores políticos. Esta reforma constitucional es el último paso en un proceso que ha consolidado el poder de Ortega y su familia, que han buscado garantizar su permanencia en el poder a través de reformas legislativas.
Desde 2007, Ortega ha pedido reformar la Constitución en al menos 12 ocasiones, con el objetivo de consolidar su reelección indefinida. En este contexto, la reciente reforma a la Constitución refuerza la centralización del poder en la Presidencia y fortalece la figura de la copresidencia, consolidando aún más su control sobre el país.
