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El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, anunció este lunes que la polémica reforma a la Constitución Política del país se aprobará en su totalidad durante el mes de enero. Esta reforma, que ha sido criticada tanto a nivel nacional como internacional, transforma el Estado nicaragüense y otorga un control absoluto al presidente Daniel Ortega. Según Porras, el proceso de discusión y aprobación de esta reforma comenzará el martes, con la intención de concluir antes de que finalice el mes.
Reforma constitucional en Nicaragua: un paso hacia el poder absoluto
Gustavo Porras, líder de la Asamblea Nacional y miembro del partido sandinista, explicó que el proceso de reforma se realizará de manera “paulatina” durante los próximos días. En su intervención en el pleno de la Asamblea, detalló que se comenzarán a aprobar artículos fundamentales, tales como el preámbulo y los principios esenciales de la Constitución. Según el legislador, el objetivo es tener todas las reformas aprobadas antes de que finalice enero.
La reforma constitucional en Nicaragua tiene implicaciones significativas, ya que otorga al presidente Ortega un control total sobre los poderes del Estado. Esta modificación de la Constitución ha sido un tema controvertido, dado que fortalece la concentración del poder en el Ejecutivo y debilita la separación de poderes, lo que ha sido interpretado por muchos como un paso hacia un régimen autoritario.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras (c), participa en una sesión, en una fotografía de archivo. EFE/ Jorge Torres
Cambios clave en la reforma constitucional nicaragüense
La reforma constitucional en Nicaragua contempla una serie de cambios que han generado una amplia oposición, tanto dentro del país como en la comunidad internacional. Una de las modificaciones más destacadas es la ampliación del mandato presidencial de 5 a 6 años. Esta medida refuerza el poder del presidente Ortega, quien ha sido criticado por su prolongada permanencia en el poder.
Además, la reforma establece la figura de “copresidenta”, un cargo que recae en la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega. Esto ha sido interpretado como un intento de consolidar un sistema político dinástico en el que el poder se concentra en una sola familia, lo que ha provocado preocupaciones sobre la falta de legitimidad y democracia en el país.
Otro cambio importante es la creación de la Policía Voluntaria, que algunos críticos consideran una fuerza paramilitar que refuerza el control del gobierno sobre la población. También se establece la legalización de la apatridia, lo que podría tener consecuencias graves para los derechos humanos en Nicaragua.
Críticas a la reforma constitucional
La reforma constitucional en Nicaragua ha recibido duras críticas tanto dentro como fuera del país. Una coalición de opositores nicaragüenses, incluida la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE), denunció que esta reforma constituye la imposición de una nueva Constitución que anula los derechos fundamentales de los ciudadanos y elimina el Estado de Derecho.
Los opositores aseguran que la reforma busca consolidar un sistema de partido único, en el que los símbolos del partido sandinista se imponen como símbolos nacionales. Argumentan que esta reforma extingue los vestigios de institucionalidad en el país y reemplaza los cimientos del Estado por un régimen autoritario que concentra el poder en el Ejecutivo.
Fotografía de archivo de la fachada del edificio de la Asamblea Nacional, en Managua. EFE/STR
La comunidad internacional y las sanciones económicas
A nivel internacional, la reforma constitucional ha sido condenada por diversas organizaciones, como la ONU y la OEA, así como por gobiernos democráticos, incluidos Estados Unidos. Estas entidades consideran que la reforma debilita la democracia en Nicaragua y refuerza un sistema totalitario que pone en riesgo los derechos humanos y la libertad de expresión.
Ante esta situación, la coalición opositora en Nicaragua ha solicitado la adopción de sanciones económicas por parte de la comunidad internacional. Instan a los gobiernos democráticos y organismos internacionales a suspender cualquier relación económica que beneficie al régimen de Ortega y a fortalecer los mecanismos de apoyo humanitario y legal para las víctimas de la represión en el país.
