La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este miércoles una reforma a la Constitución Política del país que introduce la figura de «copresidente» y «copresidenta», extiende de cinco a seis años el período presidencial y otorga al Ejecutivo la facultad de coordinar todos los poderes del Estado. Esta reforma, propuesta por el presidente Daniel Ortega, fue aprobada unánimemente en segunda y definitiva votación.
Los nuevos roles de «copresidente» y «copresidenta» en Nicaragua
La enmienda constitucional establece que la Presidencia de la República estará integrada por un copresidente y una copresidenta, quienes serán electos a través del sufragio universal. Este cambio refleja una nueva estructura de poder en Nicaragua, con Ortega y su esposa Rosario Murillo, quien ocupa el cargo de vicepresidenta, a la cabeza del gobierno desde 2017.
De acuerdo con la reforma, para poder postularse a los cargos de copresidente y copresidenta, los candidatos deben haber residido de manera continua en Nicaragua durante los seis años previos a la elección, no haber sido declarados «traidores a la patria» y no haber adquirido otra nacionalidad. Esto deja fuera a importantes dirigentes de la oposición que fueron excarcelados, desterrados y desnacionalizados en 2023, lo que refuerza el control del gobierno de Ortega sobre la política nicaragüense.
El impacto de la reforma en la oposición y en el sistema político
Los cambios propuestos por Ortega limitan aún más las posibilidades de la oposición, ya que los principales líderes opositores, como Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga y Arturo Cruz, entre otros, quedan fuera de la contienda electoral debido a las restricciones impuestas por la reforma constitucional. Estos líderes, que han sido considerados por muchos como los principales aspirantes presidenciales, no pueden participar debido a las sanciones políticas y las medidas tomadas por el gobierno de Ortega, que incluyen la expulsión del país y la pérdida de la nacionalidad nicaragüense de varios de ellos.
Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, se ha mantenido como líder del país mediante una serie de reformas que han consolidado su control absoluto sobre el gobierno. El mandatario sandinista ya había propuesto anteriormente reformas constitucionales, como la que permitió la reelección presidencial indefinida en 2014, lo que ha fortalecido aún más su permanencia en el poder.
Un régimen presidencialista y la ampliación del período presidencial
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la ampliación del período presidencial de cinco a seis años, un cambio que afectará tanto a Ortega como a su copresidenta, Rosario Murillo. Esta reforma también establece que los copresidentes ejercerán sus funciones por un período de seis años a partir de su toma de posesión, durante el cual gozarán de inmunidad, lo que refuerza la estabilidad de su gobierno.
A partir de 1997, el período presidencial en Nicaragua había sido de cinco años. Con la reforma, Ortega podrá seguir en el poder hasta 2033 si las próximas elecciones lo ratifican en el cargo. La extensión del mandato, junto con la posibilidad de reelección indefinida que ya fue incorporada en 2014, refuerza el control de Ortega y Murillo sobre las instituciones nicaragüenses.
EFE/ Miguel Gutiérrez
El papel del copresidente y la copresidenta en la administración pública
Además de crear la figura de «copresidente» y «copresidenta», la reforma establece que la Presidencia de la República tendrá el poder de coordinar todos los «órganos» del Estado, incluidos los poderes legislativo, judicial y electoral, que no serán considerados como poderes independientes, sino como elementos bajo la dirección del Ejecutivo.
La reforma también establece que la Presidencia de la República será la Jefatura Suprema del Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Esto significa que Ortega y Murillo, a través de la figura de los copresidentes, asumirán un control aún mayor sobre las fuerzas de seguridad y las instituciones clave del país.
Proceso de aprobación y discusión en la Asamblea Nacional
La reforma constitucional ha sido discutida y aprobada por la Asamblea Nacional, en la que el oficialismo tiene una mayoría absoluta. La reforma se encuentra en su fase final de discusión y se espera que sea aprobada de manera definitiva el 30 de enero.
La propuesta ha generado controversia, ya que se percibe como un intento de consolidar aún más el poder de Ortega y Murillo, limitando la participación de la oposición en el proceso electoral y asegurando que el Ejecutivo mantenga un control absoluto sobre el país. La reforma también ha sido vista como una manera de asegurar la permanencia de Ortega en el poder, en un contexto de creciente represión política y falta de pluralidad democrática.
Reformas constitucionales y el control del poder en Nicaragua
Desde que asumió la presidencia en 2007, Ortega ha propuesto varias reformas constitucionales, incluyendo una que le permitió reelegirse indefinidamente en 2014. La reciente reforma, que otorga mayores poderes al Ejecutivo y amplía el mandato presidencial, es vista por muchos como parte de un esfuerzo continuo por consolidar el control del gobierno en manos de Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
La reforma también refuerza el sistema presidencialista del país, que otorga al presidente un poder centralizado y amplía su capacidad para influir en las decisiones de los otros poderes del Estado. A medida que la reforma avanza, se espera que el gobierno continúe con sus políticas de represión hacia la oposición, lo que deja al país con un panorama político cada vez más cerrado.