El gobierno de Nicaragua confirmó el jueves la llegada a Roma de siete sacerdotes católicos nicaragüenses quienes, según la oposición y medios de prensa, fueron “desterrados” tras permanecer bajo vigilancia o retención policial desde inicios de mes.
“El día ayer miércoles 7 de agosto, salieron de Nicaragua hacia Roma, Italia, 7 sacerdotes nicaragüenses que han llegado bien y que han sido recibidos por la Santa Sede”, dijo el gobierno en una escueta nota de prensa.
La declaración, publicada en el portal oficial El 19, no ofreció más detalles del caso que causó revuelo en la última semana en Nicaragua, donde medios de prensa independientes habían reportado “una nueva ola de arrestos” de religiosos católicos.
La publicación Confidencial, crítica del gobierno, identificó a los siete sacerdotes “desterrados al Vaticano” como Edgar Sacasa, Ulises Vega, Marlon Velázquez, Víctor Godoy, Harvin Torres, Jairo Pravia y Silvio Romero.
Según organismos de derechos humanos, los religiosos eran miembros de las diócesis de Estelí y Matagalpa (ambos departamentos del norte del país) y habían sido detenidos o puestos bajo retención policial en sus casas o parroquias desde el pasado 1 de agosto, junto a otros seis sacerdotes cuyo paradero no se ha dado a conocer.
Estos organismos señalan que hasta la fecha 46 religiosos han sido expulsados de Nicaragua por el gobierno de Ortega, y al menos 60 sacerdotes y monjas han sido forzados al exilio y/o impedidos de retornar al país tras haber viajado al exterior por trabajo o por razones de salud.
Estos organismos señalan que hasta la fecha 46 religiosos han sido expulsados de Nicaragua por el gobierno de Ortega, y al menos 60 sacerdotes y monjas han sido forzados al exilio y/o impedidos de retornar al país tras haber viajado al exterior por trabajo o por razones de salud.
El gobierno de Ortega mantiene una confrontación con la iglesia católica que se agudizó tras la rebelión social de abril de 2018, cuando el mandatario acusó a los obispos de ser parte de un “fallido golpe de Estado” supuestamente organizado por la oposición y por Estados Unidos.
La persecución a la iglesia incluyó el encarcelamiento durante un año del obispo de Matagalpa (norte), monseñor Rolando Álvarez, condenado por “conspiración” y “terrorismo” y desterrado al Vaticano en enero pasado junto con otros 18 religiosos previamente arrestados en Nicaragua.
Otros ocho sacerdotes católicos nicaragüenses habían sido deportados a Estados Unidos en un avión en febrero de 2023, como parte de un grupo de 222 opositores, muchos de ellos líderes políticos que estaban encarcelados y fueron desterrados, expropiados y despojados de su nacionalidad.
En octubre pasado, 12 sacerdotes más fueron enviados también al Vaticano tras sufrir detención por parte de la policía.
Consultada por AP, la abogada Martha Patricia Molina, experta en temas religiosos, dijo que “la situación es muy crítica”, especialmente en Matagalpa, donde la policía “sigue asediando las parroquias para impedir el trabajo de la iglesia”.
Molina indicó que la presión sobre la iglesia es tan grande en Matagalpa que “más del 70 por ciento de las parroquias ya no tienen sacerdotes” y hay “más de 500 comunidades campesinas sin cobertura pastoral, debido al secuestro o exilio de los religiosos”.
La experta aseguró que pese al encarcelamiento y posterior expulsión del obispo Álvarez, la diócesis de Matagalpa “ha seguido haciendo una excelente labor pastoral” , lo que habría irritado a Ortega y a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo quienes, dijo, “odian a la Iglesia”.
Según Molina, existe “una persecución brutal” sobre los sacerdotes y diáconos que aún están en Nicaragua, pero ninguno se atreve a denunciarlo “por prudencia y por miedo” de que el gobierno tome represalias con ellos o sus familiares. Reveló que además “hay directrices del Vaticano para que ciertas figuras de la iglesia católica no hablen”, entre ellas los obispos exiliados Silvio Báez e Isidoro Mora, y el propio Rolando Álvarez.
