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La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este miércoles una reforma a la Constitución Política que autoriza al Estado a otorgar concesiones para la construcción de un canal interoceánico. Esta modificación constitucional, propuesta por el presidente Daniel Ortega, fue aprobada de manera unánime en una segunda y definitiva votación, lo que refuerza las intenciones del gobierno nicaragüense de llevar a cabo este megaproyecto.
Reforma constitucional y el canal interoceánico
La reforma establece que «el Estado podrá otorgar concesiones para la construcción y explotación de un canal interoceánico», un proyecto que promete transformar la infraestructura de Nicaragua y su conectividad global. Para la aprobación de cualquier modificación, reforma o derogación relacionada con el canal, se requerirá el voto favorable del 60 % de los 91 diputados que componen la Asamblea Nacional de Nicaragua. Actualmente, el parlamento está bajo el control absoluto del partido sandinista, lo que facilita la aprobación de iniciativas en línea con las políticas del presidente Ortega.
Además, la reforma reconoce que los recursos naturales del país son un patrimonio nacional, sujetos a las políticas de seguridad soberana y protección del medio ambiente. En este sentido, se recalca que el desarrollo y la explotación de estos recursos corresponde al Estado, que puede celebrar contratos para su explotación de manera «racional».
Jorge Torres/ EFE
El Estado como impulsor de inversiones extranjeras
El texto de la reforma también menciona que el Estado promoverá y facilitará las inversiones nacionales y extranjeras, siempre «sin detrimento de la soberanía nacional ni de los derechos de los trabajadores». Esta disposición señala la apertura del gobierno nicaragüense hacia el capital extranjero, especialmente de países como China, para que participen en proyectos de gran escala como el canal.
La propuesta ha sido bien recibida por algunos sectores económicos, que esperan que la construcción de un canal interoceánico impulse el desarrollo económico de Nicaragua, generando empleos y mejorando la infraestructura del país. Sin embargo, la oposición y los ambientalistas siguen cuestionando tanto la viabilidad del proyecto como los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente.
Ortega renueva su ofrecimiento a China
El presidente Ortega ofreció el proyecto del canal interoceánico a China el pasado 18 de noviembre, proponiendo una nueva ruta para el canal que, en lugar de atravesar el Gran Lago de Nicaragua (Cocibolca), pasaría por el Lago Xolotlán o de Managua. Esta nueva ruta sería más larga que la original, alcanzando unos 445 kilómetros de longitud, con un ancho de entre 290 y 540 metros y una profundidad de 27 metros.
La nueva ruta comenzaría en Bluefields, una ciudad clave en la Región Autónoma del Caribe Sur, y finalizaría en el puerto de Corinto, en el Pacífico. Para que el canal funcione, se necesitaría la construcción de dos esclusas, una en el Caribe y otra en el Pacífico, así como un lago artificial, denominado «El Escondido», que permitiría el paso de las embarcaciones a lo largo del canal.
Fotografía de archivo en la que se observa al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (i), al saludar al máximo directivo de HKND Group, Wang Jing (d). EFE/Mario López
La concesión revocada y el nuevo proyecto
La reforma constitucional llega en un contexto de cambios importantes en los planes del gobierno. En mayo de 2024, después de 12 años, el gobierno sandinista revocó la concesión otorgada en 2007 a la empresa Hong Kong Nicaragua Canal Development (HKND) Group, propiedad del inversionista chino Wang Jing. Esta empresa fue la encargada de la construcción del canal en la propuesta original, que contemplaba una ruta que atravesaría el Gran Lago de Nicaragua y que también incluía la construcción de dos puertos, uno de ellos en Bluefields.
La revocación de esta concesión se produjo después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenara al Estado nicaragüense por violar los derechos de los pueblos indígenas al no realizar una consulta previa sobre el proyecto ni llevar a cabo estudios ambientales adecuados. Esta condena fue un golpe a la legitimidad del proyecto original, que estuvo plagado de dudas sobre su viabilidad y sus impactos ecológicos.
