El 3 de agosto terminó el cese al fuego bilateral entre el Gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que estaba en vigor desde el 3 julio de 2023. Y desde ese día se han recrudecido las acciones armadas de ese grupo ilegal.
Actualmente, el ELN realiza un paro armado en el departamento del Chocó que mantiene confinadas a unas 50.000 personas a lo largo del río Atrato, en el noroeste de Colombia. Esta acción de la guerrilla ya empieza a tener consecuencias graves para la población civil que no puede salir de sus viviendas, no puede desplazarse por río en una zona principalmente selvática sin otras vías de comunicación debido a las amenazas de los insurgentes.
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Este jueves, una niña de 16 meses que estaba enferma murió en una comunidad indígena porque, debido al paro armado, no pudieron sacarla de su territorio para llevarla a un centro de salud, según contó su familia a medios locales. El propio presidente de la República rechazó estos hechos y los calificó de grave violación a los derechos humanos.
«Dolorosa la muerte de la niña indígena Isabella Piraza Pizario en Istmina, Chocó. Su partida es un recordatorio de la realidad que viven muchas comunidades en nuestro país. Este hecho no puede ni debe repetirse. Como Gobierno, reafirmamos nuestro compromiso de proteger a los más vulnerables y trabajar incansablemente por la paz en todos los rincones de Colombia. La insensibilidad de las armas lleva a sus protagonistas al crimen de guerra», afirmó el presidente Gustavo Petro en un mensaje de condolencias a la familia en su cuenta en la red social X, antes Twitter.
El ELN culpa al Gobierno de la crisis que enfrenta el proceso de paz. «Lo que el ELN necesita saber es si el gobierno va a cumplir lo que firmó, no que hablemos de otras cosas. Pues todo cuanto se hable seguirá en el curso normal de los incumplimientos», sostuvo el comando central de esa guerrilla en un comunicado del 13 de agosto.
En la misma declaración, el ELN anunció que hará «una extensión técnica del cese hasta el 23 de agosto», a la espera de que el Gobierno saque a ese grupo de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO), tal y como lo han solicitado en las negociaciones iniciadas en un primer ciclo el 12 de noviembre de 2022 en Venezuela.
El 25 de mayo de este año, las delegaciones del Gobierno y del ELN firmaron un primer acuerdo de 9 puntos en donde se comprometen a iniciar el estudio de una agenda que permitiría avanzar en un acuerdo final de paz. Pero el ambicioso compromiso parece estar estancado, especialmente en lo que tiene que ver con cambiar el modelo económico del país, uno de los requisitos del ELN para avanzar en las negociaciones.
El presidente Petro hizo al comienzo de la semana una propuesta “confidencial” a los jefes de esa guerrilla para desempantanar el proceso, según trascendió esta semana en un pronunciamiento público del ELN y la posterior respuesta de Petro en X. Pero el ELN le respondió que la hiciera pública. «No hay problema con que se haga pública la ‘propuesta confidencial’: se les propuso viabilizar la propuesta sobre reforma económica que se acordó con el ELN, que se firmó como primer punto de acuerdo, con el empresariado del país y el movimiento social de Colombia para discutir los mecanismos de su implementación. Parece que no es de su interés el tema», escribió el mandatario en X este jueves.
Pero parece que los intentos por sacar de la crisis al proceso no dan resultados. «A una propuesta pública del ELN, lo correcto es que el Gobierno lo haga de igual manera, pues a estas alturas de la crisis no podemos andar con rodeos, se requiere claridad y franqueza. Tampoco se nos puede ofrecer algo que ya está acordado y menos dilatar el cumplimiento de los acuerdos», sostiene el ELN en el comunicado publicado el martes.
Algunos analistas consideran que el ELN está buscando una negociación en la que pueda lograr sus postulados ideológicos revolucionarios y no solamente continuar en una negociación sin resultados a corto plazo.
«En teoría el modelo económico no está en negociación. Y menos se podría hacer con un grupo terrorista, con un grupo guerrillero. Pero cuando uno mira todo el contexto empieza a entender cosas. Como por ejemplo, ¿por qué el ELN quiere que lo saquen de la lista de grupos armados al margen de la ley? Porque eso limita la posibilidad que podría tener el ELN, que se considera a sí mismo en igualdad de condiciones al Estado colombiano, y eso le podría quitar legitimidad a la hora de negociar el modelo económico del país que es de libre mercado. Y ellos quieren un modelo socialista», sostuvo a CNN el analista político Ricardo Galán.
Vera Grabe, jefa de la delegación del Gobierno en los diálogos de paz con el ELN, aceptó en una rueda de prensa este jueves el difícil momento por el que atraviesan los diálogos. «El ELN tendrá que asumir la responsabilidad de lo que viene, porque el Gobierno ha dado todas las garantías necesarias», advirtió la funcionaria.
El senador Iván Cepeda, también parte de la delegación de negociadores del Gobierno, le dijo a CNN que «aunque es un momento difícil en las negociaciones, hay que buscar un punto de encuentro que permita avanzar para lograr llegar a buen puerto». Y agregó: «De eso se trata un proceso de paz, de superar las diferencias».
El proceso de paz entre el ELN y el Gobierno de Petro, uno más de varios intentos del Estado colombiano en más de tres décadas, ha enfrentado otros momentos difíciles como el secuestro el 28 de octubre de 2023 del padre del futbolista colombiano Luis Díaz. Y recientemente el anuncio de esa guerrilla, en mayo de este año, de retomar los secuestros extorsivos.
En los intentos anteriores por lograr un acuerdo de paz con el ELN, las negociaciones no avanzaron de manera significativa y todas terminaron en intentos fallidos. En esta ocasión al menos se avanzó en pactar un accidentado cese al fuego bilateral por un año. En varias oportunidades, la Defensoría del Pueblo ha denunciado violaciones a los derechos humanos por parte del ELN y de otros grupos armados ilegales que adelantan procesos de paz con el Gobierno y con los que hay acuerdos de cese al fuego.
El Gobierno de Petro ha defendido como una de sus principales banderas la llamada política de paz total. Una iniciativa que parece estar en vilo ante los retrocesos de diálogos de paz con grupos como el ELN y sectores de las disidencias de las FARC que no avanzan al ritmo que quisieran el Gobierno y la sociedad civil, especialmente en zonas del país en donde se ha recrudecido la acción armada de estos grupos ilegales.
