La Fiscalía de Perú denunció a la presidenta Dina Boluarte y a otros exmiembros de su gabinete por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, de acuerdo con un comunicado publicado este martes en su cuenta de X.
Los hechos imputados responden a 44 muertes ocurridas entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero 2023, en el marco de las protestas que estallaron luego de la salida del poder del entonces presidente Pedro Castillo, quien disolvió de manera inconstitucional el Parlamento, tras lo cual fue detenido y puesto en prisión. Boluarte, entonces vicepresidenta, asumió el poder por mandato constitucional.
La denuncia presentada ante el Parlamento no incluye el delito de genocidio, como sí lo contemplaba la investigación que se abrió en enero. Ese delito ha sido archivado según el comunicado de la fiscalía.
El abogado de Dina Boluarte, Joseph Campos, le dijo a CNN que el presunto delito de genocidio no procedía, pues “es la acción letal contra un grupo humano por lo que es y no por lo que hace. Lo que nosotros hemos visto el año pasado y el antepasado fueron acciones que no tienen protección ni constitucional ni convencional porque son violentas”, dijo refiriéndose a las manifestaciones.
¿Qué sigue?
Una denuncia constitucional permite llevar a cabo dos procedimientos: el juicio político, que permite inhabilitar al funcionario o exfuncionario público, y el antejuicio, que es la autorización del parlamento para ponerlo a disposición de la justicia.
El abogado Carlos Caro le explica a CNN: “Todos son iguales ante la ley penal pero hay excepciones. En este caso, en la Constitución algunas personas tienen privilegios, como la presidenta de la República, congresistas, etc. Significa que no pueden ser acusados sino previo trámite ante el Congreso”.
Es decir, Caro explica que “para efectos de pasar a un trámite judicial se requiere que el Congreso apruebe la denuncia cuando la Fiscalía así lo requiere”.
Sin embargo, según la Constitución, el presidente de la República solo puede ser acusado por el Parlamento por cuatro delitos, entre ellos el de traición a la patria, por lo cual esta denuncia no podría avanzar hasta que Boluarte deje la presidencia.
“Si el Congreso investiga y concluye que hay delito, tiene que estancar el caso hasta que culmine el mandato de Boluarte”, explica Caro. “El Congreso tiene el poder de investigar, de tramitar la denuncia a nivel constitucional, lo que no puede acusar”, asegura.
“Hemos impugnado esta investigación”
Joseph Campos, abogado de Dina Boluarte le dijo a CNN que han impugnado la investigación ante el Tribunal Constitucional, la máxima institución de interpretación de la Justicia en el país, de acuerdo con el artículo 117 de la Constitución, que señala que un presidente en funciones solo puede ser acusado por cuatro delitos, entre los cuales no está incluido el de homicidio.
“En lo que debería terminar es que el Tribunal Constitucional señale una forma cómo se deben investigar a los presidentes en funciones porque la Constitución lo que ordena es lo que no está pasando ahora, tienes a una presidenta investigada, defendiéndose, de aquí para allá, entonces lo que la Constitución previene es privilegiar la tarea de gobernar”.
Sin embargo, Campos cree que el artículo 117 de la Constitución no debe servir para “proteger la impunidad. La flagrancia debería ser un supuesto que justifique una intervención directa y lo puedo decir sin ningún rubor”, dijo a CNN.
Antecedentes
La investigación que da pie a la denuncia constitucional presentada este martes ante el Congreso se inició en enero 2023 por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
La presidenta Boluarte ha pedido perdón por las muertes ocurridas durante las protestas pero no ha aceptado responsabilidad en esos hechos.
Sobre la presunta responsabilidad de Boluarte, su abogado le dijo a CNN: “¿Ella dio instrucciones que determinaron las muertes? Nosotros creemos que no y para ello se debe investigar caso por caso, antes de escalar la responsabilidad presidencial”.
Campos dice que estas protestas se “tenían que controlar» por ser un deber constitucional.
«¿Cómo se desarrolló ese control ordenado políticamente por la presidenta de la República, junto con sus ministros? Eso es lo que tiene que investigarse por parte del Ministerio Público antes de abrir una investigación contra la presidenta de la República. Si el policía usó bien el arma, usó mal el arma, las circunstancias en las que ocurrieron las víctimas, que puede ser, insisto, mal o buen uso del arma, o casualidad o un error”, señaló Campos.
El Congreso archivó días atrás una denuncia constitucional contra Boluarte: “El año pasado la exfiscal de la Nación puso una denuncia por seis de las 49 víctimas, hoy ha entrado por las otras 43”.
Campos espera que esta denuncia también sea archivada.
