Las principales calles de San José se llenaron de cientos de manifestantes el miércoles que reclaman un pacto nacional por la Educación Pública.
Estudiantes, educadores, sindicalistas, funcionarios administrativos de diferentes zonas del país se desplazaron hacia la Plaza de la Democracia, argumentando que la educación en Costa Rica experimenta su peor crisis educativa en 40 años, con un presupuesto debilitado.
La intención, según los manifestantes, es que esta alianza una al Gobierno, entidades privadas, sindicatos, municipalidades, movimientos sociales, instituciones públicas y comunidades, entre otros sectores, para emprender cambios que resuelvan la crisis educativa actual.
Con el lema “Educación hoy, paz mañana”, representantes de unas 70 organizaciones emitieron un comunicado conjunto en el que destacan que defienden el presupuesto para la educación.
Los participantes anunciaron que el movimiento continuará en distintos puntos del país este jueves. La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), que no participó en la marcha del miércoles, hizo un llamado a sus afiliados para que participen “en las acciones regionalizadas de lucha en defensa de la educación pública” y les solicitó estar atentos a las actividades que se anunciarán con el mismo propósito.
Presupuesto para la Educación Superior Pública
La marcha se produce luego del fracaso el 16 de agosto de las negociaciones entre el Gobierno y el Consejo Nacional de Rectores (Conare) para definir el presupuesto que se destinaría al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Este Consejo reúne a los rectores de las cinco universidades públicas del país.
El Ejecutivo mantuvo su propuesta de ofrecer un 1% de aumento al FEES con respecto a 2024 en el presupuesto de la República para el próximo año, un monto que —según el Conare— está por debajo de la inflación esperada, “que es inconstitucional e inviable para la operación de las universidades públicas en el 2025”. La solicitud de aumento de los rectores es del 4,06%.
El Ministerio de Hacienda sostiene que no hay recursos para incrementar en ese porcentaje el FEES, y que no se trata de una falta de voluntad de invertir en la educación superior costarricense, sino de tener un presupuesto que incluya todas las áreas de la educación y las prioridades de otros sectores.
Según el titular de esa cartera, Nogui Acosta, la marcha del miércoles refleja el descontento social con demandas que se han venido acumulando a lo largo de los años. “No es una realidad del Gobierno hoy, el recorte del presupuesto de la República es necesario para darle sostenibilidad”, enfatizó.
Según el artículo 178 de la Constitución Política de Costa Rica, el presupuesto ordinario debe someterse cada año a la Asamblea Legislativa el 1 de septiembre y estar aprobado antes del 30 de noviembre del mismo año. El artículo 85 de la misma Constitución indica que “cualquier diferendo que surja, con respecto a la aprobación del monto del FEES, debe ser resuelto por la Asamblea Legislativa”, donde finalmente se discutirán y aprobarán los montos.
La presidenta de la Comisión de Hacendarios del Congreso, la diputada de oposición Paulina Ramírez, dijo a CNN que el Gobierno “ha sido irresponsable en la negociación del monto que debe asignársele al FEES y que es la primera vez en la historia reciente en que los rectores y el Gobierno no pueden llegar a un acuerdo”. Enfatizó que, por esa razón, “nos designan esta responsabilidad a la Asamblea Legislativa y que procederán a recibir el presupuesto ordinario el 30 de agosto”. A partir de ese momento, destacó la congresista, «se analizarán los escenarios para buscar los recursos y definir un acuerdo con las universidades y con todo el sector educativo”.
La Comisión de Hacendarios es el primer eslabón que recorrerá el presupuesto ordinario de la República en la Asamblea Legislativa, donde está incluido el FEES. Ramírez agregó que definirán las audiencias con el fin de escuchar a todas las partes para un acuerdo y conocerlo luego en el plenario legislativo.
