Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular y excandidata presidencial peruana, ha emprendido una nueva batalla legal en un intento por frenar el juicio en contra suya y de su partido en el marco del caso Cócteles. Fujimori enfrenta serios cargos por supuestos delitos de lavado de activos y organización criminal, por los cuales la Fiscalía solicita una condena de 30 años y 10 meses de prisión. Para evitar este desenlace, Fujimori ha presentado un recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional (TC), buscando la nulidad del juicio y el archivo del proceso penal.
Según lo alertado por el medio La República, el recurso fue presentado por Giulliana Loza, abogada de Fujimori, contra una resolución previa que declaró improcedente un habeas corpus a favor de su defendida. Dicha petición de habeas corpus había sido inicialmente rechazada tanto por el Tercer Juzgado en lo Constitucional de Lima como por la Tercera Sala Constitucional de Lima. No obstante, a fines de junio, esta última instancia aprobó el recurso, permitiendo que el expediente fuese elevado al TC, donde fue recibido a inicios de julio.
El habeas corpus presentado por Loza busca la nulidad de tres resoluciones emitidas por el juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Estas resoluciones incluyen el auto de enjuiciamiento y decisiones que rechazaron la solicitud de archivo de los cargos por lavado de activos y organización criminal. La defensa sostiene que dichos hechos no constituyen actos ilícitos bajo la normativa vigente en el momento que ocurrieron, señalando que el financiamiento ilegal de partidos políticos fue tipificado como delito recién en 2019.
La defensa de Fujimori argumenta que las resoluciones del juez Zúñiga son “manifiestamente inconstitucionales” y afectan gravemente el derecho a la libertad de su cliente. Según Loza, sin efectos legales válidos, el proceso penal debería archivarse. Sostiene que los supuestos aportes ilícitos a las campañas presidenciales de 2011 y 2016 no estaban tipificados como delito en el Código Penal en el momento de su ocurrencia. Por ello, la defensa defiende que el principio de legalidad no se está cumpliendo, ya que se intentarían aplicar retrospectivamente disposiciones penales.
Sumado a estos argumentos, la abogada de Fujimori también alega la existencia de una vulneración del derecho a un plazo razonable, ya que su cliente ha sido objeto de imputaciones desde 2017 sin haber visto concluido su proceso judicial. Fujimori, actualmente bajo régimen de comparecencia con restricciones, considera que se le ha impuesto una carga procesal injusta y prolongada, afectando su derecho a la libertad.
