Un tribunal de apelaciones de Ecuador revocó este viernes el recurso de ‘habeas corpus’ que solicitaba la liberación inmediata del ex vicepresidente Jorge Glas tras su detención en la Embajada de México en Quito a principios del pasado mes de abril, al considerar que esta fue “legal, legítima y no arbitraria”.
Con esta decisión se revierte en segunda instancia la sentencia del 12 de abril que concedió parcialmente un ‘habeas corpus’ en favor de Glas. Entonces, la Justicia ecuatoriana resolvió que la detención del ex vicepresidente había sido “ilegal, ilegítima y arbitraria”, aunque no aprobó su puesta en libertad argumentando que pesaban en su contra sentencias condenatorias por cumplir.
“Se ha corroborado que no ha existido detención ilegal formalmente, ni arbitraria; dentro de los límites que han sido analizados en esta acción constitucional de apelación de ‘habeas corpus’”, concluyeron los magistrados en una resolución recogida por el diario mexicano El Universo.
Los jueces a cargo del caso rechazaron el argumento de “la parte accionante que ha perseverado al señalar en múltiples ocasiones que tiene calidad de asilado”, alegando que “no existe documentación alguna que (lo) corrobore”.
En esta línea, el tribunal señaló que la defensa de Glas ha “desnaturalizando el ‘habeas corpus’, al insistir en obtener una decisión sobre el derecho al asilo”, todo con el fin de “confundir” a la sala.
El ex presidente Rafael Correa compartió la resolución en su cuenta en la red social X, en la que criticó que se haya revertido la decisión judicial de primera instancia, declarando la detención de Jorge Glas como legal, legítima y no arbitraria, “cuando es público y notorio lo contrario”.
“Se justifican en que hay estado de excepción y no rige inviolabilidad del domicilio (¡Embajada!) y que ellos tienen que basarse en el Derecho nacional y no en el internacional, pese a que lo hecho es hasta un delito claramente tipificado”, denunció Correa.
A este respecto, el ex mandatario reprochó que “nunca notificaron la composición del tribunal de apelación” y que “jamás abocaron conocimiento”. “Ni siquiera se dignaron en mencionar a quienes presentaron los ‘amicus curiae’. No realizaron audiencia, que era lo deseable aunque no obligatorio”, dijo.
En la misma línea, la abogada de Glas, Sonia Vera, señaló la opacidad del proceso, subrayando que “no hubo audiencia” y que “nunca (supieron) en qué tribunal recayó” la apelación presentada por la defensa del ex vicepresidente ecuatoriano, cuyo objetivo era su salida de la cárcel de La Roca, en Guayaquil.
La Policía de Ecuador ingresó el pasado 5 de abril en la Embajada mexicana en Quito, donde se alojaba el ex vicepresidente Jorge Glas (2013-2017) desde hacía semanas alegando temor por su seguridad. México había confirmado poco antes la operación policial que brindaría asilo político a Glas.
Una semana más tarde, un tribunal declaraba “ilegal y arbitraria” la detención de Glas, indicando que “carece de sustento jurídico” el argumento esgrimido por los demandados, que justificaron la detención en base a los decretos promulgados por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre el estado de excepción y el conflicto armado interno.
Las autoridades de Ecuador acusan al ex vicepresidente de un supuesto delito de malversación de caudales públicos por los trabajos de reconstrucción en la provincia de Manabí tras el paso de un fuerte terremoto en el año 2016, que dejó más de 670 muertos.
El Gobierno mexicano otorgó el asilo a Glas en medio de una crisis diplomática con Ecuador, cuyo mandatario, Daniel Noboa, había expulsado a la embajadora Raquel Serur después de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, relacionase en unas declaraciones el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio con el triunfo electoral del empresario.
Glas, que cuenta también con ciudadanía alemana, fue uno de los hombres fuertes del Gobierno de Correa (2007-2017), y entre 2013 y 2017 ocupó el cargo de vicepresidente, así como también durante los primeros meses del mandato presidencial de Lenín Moreno (2017-2021), hasta que comenzaron las investigaciones en su contra.
México y Ecuador se han contrademandado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por los hechos ocurridos el 5 de abril, con acusaciones mutuas de haber transgredido convenios y normas internacionales.
