La Fiscalía ha abierto una investigación contra 20 militares por tentativa de homicidio por los disparos efectuados contra manifestantes durante las protestas contra la destitución del presidente Pedro Castillo en Ayacucho el 15 de diciembre de 2022, donde murieron diez personas y 20 más resultaron heridas de gravedad.
Todos los militares que han declarado ante la fiscal Mirela Coronel han negado haber utilizado sus armas contra los manifestantes, pero los más de 100 testigos que fueron interrogados, entre ellos los que resultaron afectados por los disparos de fusiles del Ejército, coinciden en que los uniformados dirigieron los cañones de su armamento a los manifestantes, según recoge el diario ‘La República’.
El elevado número de heridos de gravedad por impactos de bala confirma según la Fiscalía que había un patrón en el comportamiento de los efectivos militares que salieron a las calles a «restablecer el orden» y desbarata la versión de los militares implicados de que hicieron disparos al aire, nunca al cuerpo de los manifestantes.
El documento de la fiscal Coronel formaliza así investigación preparatoria contra siete oficiales de jerarquía y uno de la Policía Nacional como presuntos autores directos de homicidio calificado con alevosía en el grado de tentativa.
Es decir, que los efectivos que dispararon por órdenes, o bajo conocimiento de estos, tuvieron la intención de matar a los ciudadanos que protestaban en las calles de Ayacucho.
Encabezan la relación, el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), el general de división EP (r) Manuel Gómez de La Torre; el exjefe del Comando Operacional del Este (COE) y excomandante general del la IV División del Ejército (VRAEM), el general de división EP Miguel Gonzáles Bohórquez, y el excomandante general de la 2° Brigada de Infantería de Ayacucho, el general de brigada EP Jesús Vera Ipenza.
Estos tres generales fueron identificados por la fiscal como los eslabones de la cadena de mando durante las acciones contra la protesta en Ayacucho y responden ante la presidenta, Dina Boluarte, y el entonces ministro de Defensa, Alberto Otárola.
También aparecen como autores directos del presunto delito de homicidio calificado en la modalidad de tentativa los jefes de patrulla y subalternos que se encontraban en la zona donde se registraron los heridos de bala de gravedad. Estos pertenecían en gran parte a la reserva de la IV División del Ejército y a la 2° División del Ejército (VRAEM).
