Un tribunal de El Salvador inició este martes un juicio contra el expresidente Mauricio Funes, exiliado en Nicaragua, por «lavado de dinero» al supuestamente recibir una avioneta como «dádiva» por dar un contrato a una empresa guatemalteca, informó la Fiscalía.
La audiencia contra Funes (2009-2014) se instaló en el tribunal Quinto de Sentencia en la capital San Salvador, donde la Fiscalía le imputó el delito de «casos especiales de lavado de dinero y activos», según declaró a la prensa una fiscal en condición de anonimato, que ventila el caso.
«Funes es acusado de realizar negociaciones ilícitas en la construcción de un puente en Chalatenango, entre el 2012 y 2014, aceptando como dádiva una avioneta», aseguró la Fiscalía en su cuenta en X.
Según la Fiscalía, Funes junto al empresario José Miguel Menéndez realizaron «una negociación ilícita» al adjudicarle a la empresa guatemalteca Servicios Calificados de la Construcción dos proyectos de construcción en carreteras del país, sin que esta tuviera «capacidad instalada» para realizar la obra.
El requerimiento fiscal contra Funes y Menéndez se inició en febrero de 2022. Menéndez fue condenado a 8 años de cárcel en agosto de 2022.
El juicio contra Funes se podría prolongar hasta dos semanas. Por el delito que se le imputa podría recibir una condena de 8 a 12 años de cárcel.
En El Salvador se permite desde septiembre de 2022 juicios con imputados ausentes, razón por la que el proceso puede continuar en ausencia.
Funes se marchó a mediados de 2016 a Nicaragua, donde recibió asilo. Posteriormente, en julio de 2019, el gobierno de Daniel Ortega le concedió la nacionalidad nicaragüense.
El expresidente vive en Nicaragua tras huir de El Salvador, donde fue acusado de malversar 351 millones de dólares, entre otros cargos de corrupción durante su gobierno y por los cuales es requerido por la justicia.
Otros dos exmandatarios salvadoreños afrontan procesos judiciales también por casos de corrupción.
El expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) guarda prisión desde 2016 y purga desde 2018 una condena de 10 años de cárcel por lavado de dinero y otros actos de corrupción por 301 millones de dólares durante su gestión.
Igualmente el exgobernante Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) afronta cargos de corrupción por malversar 350 millones de dólares. Antes de ser detenido huyó y se asiló en Nicaragua, donde fue nacionalizado.
