El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) alertó este martes (23.07.2024) que la libertad de expresión en El Salvador está en una «situación grave y frágil» y subrayó que el derecho al acceso a la información pública «ha venido sufriendo un proceso acelerado de detrimento».
Jorge Rodríguez -coordinador del OUDH que pertenece a la jesuita Universidad Centroamericana (UCA)- explicó, durante la presentación de un informe sobre la situación de la libertad de prensa en el país en 2023, que «el derecho a la libertad de expresión no está siendo debidamente protegido» y que, al igual que otros derechos fundamentales, «está en una situación grave y frágil».
Rodríguez expuso que, en los últimos años, se han ejecutado acciones que «atentan» contra la libertad de expresión de periodistas y de la ciudadanía siendo «la negativa a entregar información pública por parte de las instituciones gubernamentales lo más preocupante».
El coordinador del OUDH apuntó que se analizó a 18 instituciones públicas en el componente de entrega de información oficiosa en 2023 y se encontró que «la mayoría de estas instituciones se niega a compartir información». Señaló que también «han violentado el derecho de la participación ciudadana al no incluirlo entre sus prioridades».
Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), dijo que «actualmente no hay protección por parte del Estado hacia la libertad de prensa y de expresión» y que «es la parte institucional la que no permite que se ejerza este derecho ni siquiera la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos alza la voz ante situaciones que ocurren».
«La falta de acceso a la información pública es una de las principales y más sentidas limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión», indicó Santos y añadió que «el acceso a la opinión pública es ese derecho que me permite ejercer otros derechos, como la libertad de expresión y la libertad de prensa».
El informe del OUDH también hace énfasis en las más de 300 agresiones contra la prensa registradas en 2023 por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). Por ello, el OUDH llamó al Gobierno y al Estado salvadoreño a «establecer mecanismos de monitoreo para asegurar el cumplimiento de estándares internacionales sobre el derecho a la libertad de expresión» y a la Procuraduría de Derechos Humanos a «revisar y mejorar sus prácticas internas para prevenir violaciones a la libertad de expresión».
