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La organización internacional Human Rights Watch (HRW) advirtió este jueves que las nuevas leyes de ciberseguridad y de protección de datos personales aprobadas por el Congreso de El Salvador suponen una amenaza a la libertad de prensa.
“En el contexto actual de opacidad y acoso a periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil en El Salvador, existe un grave riesgo de que estas leyes puedan ser utilizadas como un instrumento para amenazar, silenciar o obstaculizar el ejercicio de la libertad de expresión e información”, señaló la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, en una nota.
También advirtió que “estas leyes son una fórmula ideal para aumentar la censura y la opacidad”.
HRW señaló que la Ley de Ciberseguridad crea una agencia estatal con “amplias atribuciones”, como desarrollar la política nacional de ciberseguridad, gestionar amenazas cibernéticas, realizar funciones de supervisión e imponer sanciones.
Recordó que la persona a cargo de esta agencia será nombrada por el presidente, a pesar que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha dicho que “los gobiernos deberían establecer autoridades nacionales independientes para la protección de datos personales”.
La directora para las Américas de Human Rights Watch Juanita Goebertus (i) y el subdirector Juan Pappier, hablan durante la presentación de un informe en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura
Polémico “derecho al olvido”
La organización también alertó sobre la disposición en la Ley de Protección de Datos Personales que reconoce el “derecho al olvido”, que “permite a los individuos solicitar la eliminación de sus datos de internet”.
“Estas nuevas leyes podrían utilizarse para eliminar publicaciones ‘on line’ críticas del Gobierno con el pretexto de estar protegiendo datos personales”, expresó Goebertus.
De acuerdo con HRW, si bien se excluye la eliminación de datos personales cuando sean “necesarios para ejercer el derecho a la libertad de expresión, de información y prensa, esta excepción está condicionada a que los datos publicados cumplan con el principio de exactitud”.
Esto implica que “no pueden publicarse si son ‘inexactos, incompletos o desactualizados’”, por lo que “los medios de comunicación y motores de búsqueda que incumplan con los requisitos de protección de datos podrían ser sancionados con multas de hasta 40 salarios mínimos mensuales”.
“Este requisito podría permitir al Gobierno presionar a los medios de comunicación para eliminar información de interés público sobre funcionarios o sus aliados alegando que la información es inexacta o incompleta”, señaló Human Rights Watch.
Diversos organismos locales e internacionales, como la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, en inglés) han alertado de un retroceso en la libertad de prensa en el país en los últimos años.
“El Gobierno salvadoreño restringe severamente el acceso a la información pública y ha debilitado el instituto gubernamental encargado de garantizar ese derecho ciudadano”, dijo la CPJ en septiembre pasado.
