Paraguay ha buscado en los últimos meses enfrentar los distintos problemas de sus cárceles, incluido el control criminal en alguna de las prisiones, pero uno se mantiene en varios centros: el hacinamiento.
En la cárcel más grande del país, la de Tacumbú, el gobierno intervino hace nueve meses con un gran operativo para contener el control y la influencia del grupo criminal Clan Rotela, una de las organizaciones criminales más importantes de Paraguay con un inmenso poderío en las calles pero también en el interior de las prisiones. La incursión se saldó con una decena de fallecidos, una treintena de heridos y la transferencia de más de 700 encarcelados a otros presidios.
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Pero a pesar de los esfuerzos de las autoridades, la Penitenciaría Nacional de Tacumbú aún lidia con los estragos de la intervención.
The Associated Press visitó esa prisión, así como otras cuatro de las 18 cárceles del país, donde los presos se amontonan en celdas para cuatro o cinco personas. Solo en la de mujeres, se aprecia un ambiente más ordenado y sin sobrepoblación.
En las prisiones de hombres recorridas, hay casos en los que hasta quince presos comparten una celda. La privacidad es un lujo que se quedó en el mundo exterior y la convivencia entre prisioneros fluye en medio de un frágil equilibrio.
En su interior, se repiten problemas comunes a las cárceles no solo de Paraguay sino de América Latina: hacinamiento, falta de privacidad y condiciones precarias. Varios internos duermen en colchonetas a fin de evitar el suelo duro ante la falta de camas, las toallas se convierten en cortinas y, para los calurosos días del verano, cuando las temperaturas pueden alcanzar los 40 grados, solo un ventilador ofrece refresco a decenas de hombres aglomerados en pocos metros cuadrados.
Las paredes destruidas y quemadas exhiben las cicatrices del sinfín de motines que ocurrieron Tacumbú.
Con cámaras y un teléfono móvil, el recorrido de AP por las cárceles de Villarica, Emboscada y Coronel Oviedo, además del presidio femenino El Buen Pastor y de Tacumbú, repartidas en varios puntos del país, deja escenas que se repiten. La visita es rápida pero goza de una inusual libertad, sin restricciones de ambientes.
Los 18 complejos penitenciarios de Paraguay tienen una capacidad total para 9.975 personas, pero el sistema penitenciario paraguayo tiene en reclusión a 17.675 personas, lo que se traduce en una tasa de sobrepoblación de un 177%, según el Balance Anual de Gestión Pública sobre 2023 entregado por el Ministerio de Justicia.
La cárcel de mujeres de El Buen Pastor, en la capital Asunción, contrasta con las de los hombres. No se percibe hacinamiento y el ambiente, más ordenado y limpio, se asemeja al de un albergue.
En muchas de las prisiones, los guardias responsables, de cara destapada, no llevan armas de fuego sino cuchillos: son más fáciles de utilizar en un momento de emergencia, relatan. Mantienen una estrecha relación con los internos, en especial aquellos encargados de las actividades para mantener el orden en su pabellón.
Comedor no hay, por lo que las comidas se dan en las celdas. Por tratarse de presidios comunes y no de máxima seguridad, las reglas son algo más laxas. En algunas ocasiones, los internos pueden consumir su almuerzo en el pasillo.
En el invierno, hasta les permiten hacer fogatas para mantenerse calientes. Tampoco tienen un código de vestimenta o peinado: visten sudaderas, bermudas, camisetas coloridas, chanclas y gorros.
En las horas de ocio, todos salen a disfrutar del sol, algunos se juntan para jugar al fútbol en canchas de arena improvisadas y otros prefieren el bingo. Los más ambiciosos aprovechan para lustrar los zapatos de los carcelarios y así recaudar 2.000 pesos guaraníes, o 30 céntimos de dólar, mientras que los más fervorosos acuden a cultos religiosos.
En una zona aislada y más protegida están aquellos que incumplen las reglas, privados de la convivencia y relegados a un trato bastante más duro, sin salidas al patio o visitas.
Los problemas, coinciden internos y guardias, no se limitan solo al sistema penitenciario sino que asciende al judicial: en Paraguay, tan solo el 33,5 % de las personas privadas de libertad tienen condena.
“El porcentaje de privados de libertad sin condena es muy alto y el resultado es el hacinamiento”, dice a AP el vocero del Ministerio de Justicia, Oscar Ayala.
Atiliano Cuyer, de 64 años, es uno de los más de 11.000 encarcelados que aguardan un juicio. Lleva recluido casi 10 meses en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo por una causa de violencia intrafamiliar. Apoyado en una muleta, denuncia la lentitud de los tribunales. “La justicia en Paraguay no funciona si uno no tiene dinero”, afirma.
