El Congreso de Guatemala aprobó este miércoles 15 de octubre dos préstamos con bancos internacionales. Uno por Q1 mil 932 millones -USD$250 millones- con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)- que se utilizará en reemplazo de los bonos de financiamiento para el presupuesto del año entrante; el otro crédito es Q73 millones para proyectos forestales – con Banco Interamericano de Desarrollo (BID)-.
Ambas iniciativas tenían como fecha límite para aprobarse este 15 de octubre y fueron colocados en los últimos puntos de la agenda. Con 125 votos se aprobó el préstamo con el BIRF, el cuál lo ejecutará el Ministerio de Finanzas y se le faculta que tales fondos se incluyan en el presupuesto para sustituir la necesidad de colocar bonos del Tesoro como fuente de financiamiento.
«No están aprobando endeudamiento, sino que están aprobando la sustitución de endeudamiento más caro por más barato, lo cual genera ahorros de Q50 millones al año», explicó el presidente de la comisión de Finanzas del Congreso, Julio Héctor Estrada.
El préstamo es por un plazo de 17 años, con cinco años de gracia. En la discusión se presentó una enmienda para que los fondos puedan ser utilizados en el presupuesto 2025, debido a que la iniciativa había sido presentada para el mismo objetivo pero para ejecutarse en el 2023, bajo la administración del expresidente, Alejandro Giammattei.
El presidente de la Junta Directiva, Nery Ramos, presentó otra enmienda para la adición de un nuevo artículo que especificaba la distribución de los recursos para las instituciones con objetivos específicos, pero esta no logró los votos para ser aprobada.
El proyecto de presupuesto 2025, plantea como techo Q148 mil 526 millones, se propone la contratación de Q25 mil millones de deuda bonificable con la contratación de bonos del Tesoro, por lo cual se espera que sea modificado. El tema de la fuente de financiamiento era una de la que más discusión ha causado hasta ahora en las reuniones de la comisión de Finanzas respectivas.
Préstamo para reforestación
Luego se conoció y se aprobó también las negociaciones para el préstamo de Q73 millones -USD$9 millones 225 mil- para para proyectos forestales. Este también tenía como fecha límite el 15 de octubre. La ley y sus artículos fueron aprobados, sin ninguna enmienda.
La ley considera un préstamo de Q67 millones, aproximadamente, con una tasa de 0.25 de intereses. Además de Q6 millones como donación, el total de los fondos los ejecutará el Instituto Nacional de Bosques (Inab) en un plazo de 40 años, con posibilidad de ser extendido a diez años más, con la colaboración del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), así como los ministerios de Ambiente y Recursos Naturales y Agricultura, Ganadería y Alimentación.
Los fondos están considerados para dividirse en el fortalecimiento institucional, restauración incluyente y vinculación de los bosques con la industria y el mercado. También se contemplaba una parte de los fondos para integrar la unidad que ejecutará el proyecto, evaluación, auditoría y costos de gestión.
El BID calcula que el proyecto tendría beneficio en 100 mil familias, 10 mil productores, 400 asociaciones cooperativas y más de mil 500 micro, pequeñas y medianas empresas, con un impacto en Chiquimula, Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Quiché, Izabal, Jalapa, Totonicapán, Chimaltenango, Sololá, Zacapa, El Progreso, Huehuetenango y Quetzaltenango.
Recientemente, tanto el Inab, como el BID advirtieron que de no aprobarse Guatemala podía perder la prioridad de ser considerado para proyectos con los fondos verdes. El plazo para aprobar las negociaciones fue ampliado durante cuatro años.
