El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, propuso este viernes una «profunda reforma» de la Fiscalía tras asegurar que esta ha puesto en libertad a dos delincuentes, un caso del que no facilitó más detalles y del que no han trascendido datos.
«El Ministerio Público ha liberado a dos sicarios que fueron atrapados con armas largas, armas de guerra. Es inexplicable que, mientras nosotros estamos trabajando arduamente con el Ministerio del Interior y nuestra Policía Nacional para capturar a los delincuentes, parece que de una manera insensible el Ministerio Público los libera», dijo Adrianzén en una rueda de prensa.
Esta situación, prosiguió, le hace pensar al Gobierno «que lo más conveniente sea que» la Fiscalía «pase por un proceso de profunda reforma y creemos que allí encontremos la solución al problema que nos está aquejando».
El jefe de gabinete respondió así al ser preguntado por un proyecto de ley del Congreso que plantea crear una comisión parlamentaria de fiscalización a jueces y fiscales.
Poco antes de su declaración, el Ministerio de Justicia había emitido un comunicado en el que aseguran que ese proyecto es «incompatible con la Constitución y afecta el principio de separación de poderes».
El ministerio dijo que establecer un control político sobre las resoluciones de jueces y fiscales «contraviene la independencia y autonomía» de los órganos del sistema judicial porque permitiría la interferencia en las actuaciones jurisdiccionales, que deben quedar excluidas de influencias y protegidas ante cualquier presión indebida.
Adrianzén se refirió a ese comunicado, del que dijo que tiene «la opinión del Poder Ejecutivo», pero defendió el derecho que tiene al «ejercicio de la crítica».
«En más de una oportunidad hemos alzado nuestra voz por no estar de acuerdo con algunas decisiones que algunos órganos jurisdiccionales han emitido», subrayó.
Al ser repreguntado acerca de si plantearán alguna propuesta para promover esa «profunda reforma», el primer ministro afirmó que «no se está estudiando la elaboración de ninguna propuesta que se dirija al Congreso para» proponerla.
En los últimos meses, han sido frecuentes las críticas del Ejecutivo al Ministerio Público por su actuación en la lucha contra la criminalidad y también por las investigaciones que este le ha abierto a la presidenta Dina Boularte.
Por ejemplo, este junio, Adrianzén expresó «gran preocupación” por la actuación de la Fiscalía en los casos de presunta corrupción abiertos contra Boluarte, “sin investigación previa alguna”, lo que para él configura una “politización de la justicia”.
