El Gobierno de Costa Rica acusó a la Fiscalía de haber ejercido «abuso de poder» durante el operativo que llevó a cabo este lunes en el que realizó 28 allanamientos y detuvo a 8 personas por un caso de presunta corrupción en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
La ministra de la Presidencia, Laura Fernández, dijo en un video enviado a los medios que la Fiscalía realizó «acciones de abuso de poder que llevaron a la detención de miembros de la Junta Directiva» de la CCSS, incluida la presidenta de la entidad Marta Esquivel, cercana colaboradora del presidente del país, Rodrigo Chaves.
«El pueblo, la democracia y el Gobierno no debemos tolerar abusos de poder de parte de ninguna institución pública, en este caso de la Fiscalía General. Las acciones de la Fiscalía son absurdas desde cualquier punto de vista legal y moral», expresó la ministra Fernández.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a 8 funcionarios y exfuncionarios de la Junta Directiva de la CCSS, incluida la presidenta de la entidad, Marta Esquivel, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y perjuicio a la Hacienda pública en la contratación de servicios de salud a cooperativas con aparentes sobreprecios y plazo excesivo.
«Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas», explicó el Ministerio Público (MP).
El MP agregó que las ofertas adjudicadas eran «excesivas» y causaron un incremento anual de más de 12.400 millones de colones (unos 24 millones de dólares), y que además se sospechan que miembros de la junta directiva sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual «pudo haber generado una ventaja indebida».
También se indagan sobre el plazo de contratación del servicio adjudicado a 10 años, ya que la Ley de Contratación Pública dispone de un período que no puede superar los cuatro años.
La denuncia fue presentada por la Auditoria Interna de la CCSS en julio pasado.
Aunque la Fiscalía afirmó que los delitos investigados son tráfico de influencias e influencia a la Hacienda Pública, la ministra Fernández criticó que el caso se basa en «prevaricato», que se comete cuando se firman o ejecutan acciones ilegales, y también calificó las acciones judiciales como «una amenaza al Gobierno».
«¿Por qué tanto show si esto no tiene ni dos meses de haberse denunciado? ¿Por qué no citaron por escrito a los miembros de la Junta Directiva y a doña Marta en lugar de detenerlos mediáticamente? ¿Por qué la Fiscalía se movió tan rápido con una base tan débil haciendo uso de un sensacionalismo innecesario?», expresó Fernández.
En Costa Rica la CCSS se encarga de todos los centros de salud públicos, pero desde hace unos años contrata cooperativas de salud para operar algunos Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS), que son pequeños locales de atención primaria en comunidades y barrios.
El caso que investiga la Fiscalía abarca EBAIS de las áreas de salud de Pavas, Desamparados, Santa Ana, San Francisco, San Antonio, Tibás, La Carpio, San Sebastián y Paso Ancho, todas en la provincia de San José (centro), además de San Pablo y Barva, en la provincia de Heredia (centro).
