El fiscal general de Bolivia, Róger Mariaca, reafirmó este jueves su compromiso de insistir para que la Policía cumpla con la orden de captura contra el expresidente Evo Morales, quien está siendo investigado por el delito de trata agravada de personas. Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, fue declarado en «rebeldía» por un juez el pasado 17 de enero. A pesar de esta situación, la Policía aún no ha logrado ejecutar la aprehensión, lo que ha generado tensión en el país.
El fiscal general insiste en la captura de Morales
En una conferencia de prensa realizada en Sucre, la capital constitucional de Bolivia, el fiscal general Róger Mariaca afirmó que, aunque existen «percances y falencias» que han impedido la captura de Evo Morales, la orden judicial está vigente y las autoridades deben cumplirla. Mariaca subrayó que el trabajo ahora depende de la Policía y que el Ministerio Público ha insistido «de manera recurrente» para que se informe sobre los motivos por los cuales aún no se ha ejecutado la orden de captura.
El fiscal también señaló que, en caso de que la Policía identifique un inmueble donde se encuentre Morales, el Ministerio Público está dispuesto a colaborar, proporcionando el mandamiento de allanamiento necesario para proceder con la aprehensión.
El expresidente de Bolivia Evo Morales, en una fotografía de archivo. EFE/Jorge Abrego
La razón detrás de la orden de captura
El 17 de enero, el juez Nelson Rocabado emitió una nueva orden de captura contra Morales, esta vez por el delito de trata agravada de personas. El exmandatario es acusado de haber mantenido una relación con una menor, con quien habría tenido un hijo en 2016, cuando era presidente. El proceso judicial ha tomado relevancia, ya que, a pesar de las acusaciones, Morales sigue siendo un personaje influyente en la política boliviana, especialmente en su bastión del Trópico de Cochabamba.
La Fiscalía había abierto la investigación en octubre de 2024, y en ese momento se emitió la primera orden de aprehensión. Sin embargo, el juez Rocabado declaró a Morales en «rebeldía» después de que el expresidente no se presentara a dos audiencias cautelares la semana pasada en Tarija. La ausencia fue justificada por un cuadro de bronconeumonía presentado por su defensa, pero el juez no aceptó los certificados médicos por considerarlos fuera de plazo.
Morales y su defensa: Rechazo a las medidas judiciales
La defensa de Morales ha presentado una acción de libertad para anular las medidas judiciales que se han tomado en su contra, pero el juzgado de Santa Cruz rechazó el recurso. El caso fue derivado a Tarija, donde continúa la investigación.
El exmandatario sostiene que el proceso judicial que enfrenta es de carácter «político» y busca impedir su participación en las próximas elecciones presidenciales. Morales, quien fue líder del Movimiento al Socialismo (MAS), ha afirmado que está habilitado para ser candidato a la presidencia a pesar de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en 2023, que declaró que la reelección en Bolivia se permite solo una vez de forma continua o discontinua.
El abogado del expresidente Evo Morales, Jorge Pérez (c), llega a una audiencia cautelar en Tarija (Bolivia). EFE/STR
La polarización política y la relación con Luis Arce
El proceso judicial por trata de personas ha agravado las tensiones entre Evo Morales y el actual presidente de Bolivia, Luis Arce. Ambos líderes han tenido diferencias políticas desde finales de 2021, especialmente en lo que respecta a las decisiones del Gobierno y la elección del candidato presidencial para el MAS. La relación entre Morales y Arce ha sido un tema importante en la política boliviana, y el caso de la trata de personas solo ha incrementado las distancias entre ellos.
La tensión en la sociedad boliviana
La situación ha generado una gran polarización en la sociedad boliviana. Mientras que algunos sectores apoyan a Morales y consideran que el proceso judicial en su contra tiene tintes políticos, otros creen que debe rendir cuentas por las acusaciones que enfrenta. La orden de captura y las acciones judiciales han mantenido la atención de la opinión pública, que sigue de cerca el desarrollo de este caso.