El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró este viernes (14.06.2024) que el país caribeño ha colaborado con Chile en relación con el caso de Ronald Ojeda, exmilitar venezolano asesinado en Santiago, y acusó al país austral de «mentir» sobre la falta de cooperación.
A través de X (antes Twitter), el fiscal mostró fotos de las «respuestas enviadas a la Fiscalía de Chile» sobre el caso Ojeda. Dijo que respondió a tres solicitudes, entre ellas la de «cooperación interinstitucional», recibida el 9 de abril de 2024, a través del correo electrónico, y respondida el 18 y 23 de abril.
También, contestó a la «solicitud de asistencia mutua en materia penal», recibida el 15 de abril por correo electrónico, y tres días después por vía diplomática, y fue respondida el 29 de mayo de 2024, según las pruebas mostradas por el funcionario. Asimismo, explicó que se envió un «reporte migratorio», «datos biográficos» y «biométricos» de Walter Rodríguez y Maickel Villegas, quienes la Fiscalía de Chile señala como «principales participes» del asesinato.
El 12 de abril, la ministra del Interior chilena, Carolina Tohá, afirmó que el Gobierno «demandará que Venezuela cumpla sus responsabilidades» en relación con el caso de Ojeda. El 5 de junio, Saab acusó a Chile de no haber entregado «absolutamente nada» de información y exigió «reciprocidad» sobre el caso.
Saab declaró en aquel momento que el asesinato del exmilitar fue una operación para «enturbiar» las relaciones entre Venezuela y Chile, y señaló como posibles responsables a cuerpos de inteligencia chilenos y extranjeros «con intereses espurios».
En respuesta a estas declaraciones, el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció el 6 de junio el envío de una nota de protesta a Venezuela y dijo que «los comentarios del fiscal venezolano dan cuenta efectivamente de que no hay voluntad adecuada para resolver un caso que es tremendamente complejo». El presidente manifestó que adoptará «todas las medidas» que estén a su alcance para dar con los responsables del crimen.
Ojeda, disidente del Gobierno de Nicolás Maduro y asilado político en Chile, fue secuestrado en febrero de 2024 en Santiago y sus restos fueron hallados diez días después en una localidad periférica de la capital, sepultados debajo de un bloque de cemento.