Una corte de sentencia en El Salvador condenó este viernes a Mauricio Ramírez Landaverde, exministro de Seguridad (2016-2019), a tres años de prisión por actos arbitrarios, aunque solo deberá cumplir algunos meses, y lo absolvió de la acusación de peculado.
Ramírez Landaverte, también exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), dijo a periodistas, tras conocer la sentencia, que considera que el fallo es «no independiente» y contradictorio.
«Fue un intento por, de alguna manera, justificar que algo se me tenía que poner (condena) y que la acusación (de la Fiscalía General) no quedara completamente mal», sostuvo.
Indicó que, a su juicio, la condena obedeció al tiempo que ha pasado en detención provisional y por lo que únicamente tendría que cumplir con trabajo público poco más de tres meses, dado que las penas de tres años o menos son excarcelables.
«Hubiera bastado con que dijeran (los jueces): ‘bueno, ya estuvo preso tres años, eso démosle’, (…) está claro dentro de todo la argumentación que se pretendió dar eso es básicamente lo que ha pasado», acotó.
La Fiscalía General acusó en este proceso al Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) de permitir que la Asociación Yo Cambio (Asocambio) administrara las tiendas en el interior de las cárceles «sin ningún control del Estado», lo que «dio pie para crear un mecanismo para poder lucrarse».
En el proceso se acusó a Ramírez Landaverde y otros exfuncionarios y exempleados públicos por la supuesta malversación de cerca de medio millón de dólares, aunque en un inicio se les acusó públicamente por 14 millones de dólares de fondos de tiendas que fueron instaladas dentro de las cárceles del país.
Ramírez Landaverde fue nombrado ministro de Justicia en enero de 2016, en el Gobierno de Sánchez Cerén. Antes se había desempeñado como director general de la Policía Nacional Civil de 2014 a 2016 y como subdirector de esa entidad entre 2012 a 2014.
El exfuncionario fue capturado en septiembre de 2021 por supuestamente estar involucrado en malversación de fondos.
Organizaciones civiles salvadoreñas catalogaron el proceso penal contra Ramírez Landaverde como «persecución política» por las «particularidades del juicio».
