Un grupo de organizaciones humanitarias salvadoreñas, que son parte de la Mesa contra la Impunidad en El Salvador (Mecies), demandó a la Asamblea Legislativa retomar el proceso de aprobación de una ley de reparación de las víctimas de la guerra civil, ordenada en 2016 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Esa decisión se tomó después de que, ese año, la Sala de lo Constitucional anulara una ley de amnistía de 1993 que impedía juzgar los crímenes de guerra y ordenó al Parlamento crear una normativa que garantizara el acceso a la Justicia de las víctimas de la guerra.
«Exigimos a la Asamblea Legislativa que la Comisión Seguridad Nacional y Justicia continúe estudiando el anteproyecto de Ley Especial de Justicia Transicional (…) presentado por nuestras organizaciones en octubre de 2021», indicaron en un comunicado divulgado este martes.
Esta reacción se da después de que la comisión, tras la llegada de una nueva legislatura el 1 de mayo, una vez más de mayoría oficialista, enviará al archivo la iniciativa sin discutirla.
Las organizaciones indicaron que se debe retomar su discusión a raíz de que «es un expediente activo al no haber seguido el procedimiento correspondiente».
Llamaron a «abrir un diálogo amplio con víctimas del conflicto armado, organizaciones de derechos humanos y especialistas reconocidos, que culmine con la aprobación de la norma ordenada por la Sala de lo Constitucional para saldar las deudas pendientes del conflicto armado».
En febrero de 2020, diputados del órgano Legislativo aprobaron la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, que fue rechazada por las víctimas del conflicto armado y vetada por el presidente Nayib Bukele por considerarla inconstitucional.
El Congreso no superó el veto del mandatario y la normativa fue archivada, mientras que la legislatura 2021-2024, también dominada por el partido Nuevas Ideas (NI), concluyó sin que se aprobara una nueva.
Entre 1980 y 1992, el grupo guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se enfrentó al Ejército de El Salvador, financiado por Estados Unidos, en un conflicto que en 12 años dejó 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
Recientemente El Salvador recibió dos condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de la guerra civil.
