El Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) entregó este viernes unos 90 expedientes de personas detenidas en El Salvador en el contexto del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, cuya inocencia defienden sus familiares, por lo que exigieron su liberación a la Presidencia de la República.
Un centenar de miembros del Movir se concentraron y protestaron por las principales calles de San Salvador en el marco del segundo año de su fundación y para exigir la liberación de personas sin vinculación con las pandillas.
Estas personas se dirigieron a las cercanías de la Casa Presidencial, donde agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) permitieron el paso de cuatro para entregar los expedientes.
De acuerdo con la abogada Ivania Cruz, se entregaron 90 expedientes de los que 77 ya estaban en manos de la gubernamental Comisión de Derechos Humanos.
«Hemos venido denunciando que estos son expedientes de personas que nunca habían sido detenidas», indicó la abogada, y señaló que entre ellas se encuentran personas que tienen carta de libertad judicial que no se ha cumplido, mientras hay otras con enfermedades crónicas.
Fidel Zavala, quien fue liberado recientemente tras estar preso por 13 meses, denunció que «salían muertos de las celdas» y pidió ayuda para las personas contra quienes no hay pruebas.
«Si no denuncian, si no hacen nada para levantar la voz, ellos van a decir ante los organismos internacionales que acá no sucede nada», subrayó.
Alfredo Mejía, portavoz del Movir, indicó a periodistas que su hija tiene más de 24 meses de detención y que «se siguen violando los derechos de las personas, sigue habiendo muertes oscuras dentro de los penales» tras 29 ampliaciones del régimen de excepción.
«Hemos podido apoyar a mucha gente con las limitaciones que tenemos» y «queremos procesos justos, no queremos que saquen delincuentes», sostuvo Mejía, en respuesta a las acusaciones que las organizaciones humanitarias abogan por pandilleros.
El régimen de excepción se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas a manos de las pandillas a finales de marzo de 2022, lo que según investigaciones del medio local El Faro se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
Según cifras oficiales, desde marzo de 2022 se han registrado más de 81.100 detenciones bajo el régimen de excepción.
Por su parte, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.
