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Al menos 349 personas han fallecido en cárceles de El Salvador bajo custodia de agentes de Seguridad del Estado en el contexto de la implementación de un régimen de excepción para “combatir” a las pandillas, según señaló este lunes a EFE la abogada Ingrid Escobar.
Escobar, líder de la organización no gubernamental (ONG) Socorro Jurídico Humanitario (SJH), indicó que el “94 % (de estas personas fallecidas) no tuvieron derecho de la segunda audiencia” y que “murieron bajo la tutela del Estado”.
De acuerdo con la organización SJH, que surgió en el marco de la medida de excepción y que brinda asistencia legal gratis a familiares de detenidos “arbitrariamente”, un buen porcentaje de las muertes en diferentes cárceles salvadoreñas se ha dado por “la falta de atención médica adecuada”.
Foto: AP
Situación de las cárceles en El Salvador
La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó a principios del mes en curso la trigésima tercera ampliación del régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales y ha dejado más de 83.600 detenciones.
El régimen de excepción se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
Reclusos realizan ejercicios como parte de la política de reinserción denominada Plan Cero Ocio en el centro penitenciario La Esperanza, en San Salvador (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura
Esta medida extraordinaria se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele contra las pandillas, lo que también le granjeó a Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.
El Gobierno niega torturas y fallecidos
Entre tanto, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas.
El Gobierno salvadoreño ha negado en repetidas ocasiones, incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusaciones de torturas y fallecidos en las prisiones del país.
