La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó la noche del martes la trigésima segunda ampliación del régimen de excepción, medida para «combatir» a las pandillas, por la presencia de «remanentes» de miembros de estas bandas «en barrios y comunidades».
La ampliación de la medida, vigente desde marzo de 2022, se dio sin debate de los diputados con 57 votos de 60 diputados, todos de NI y sus aliados, con lo que seguirán suspendidos por 30 días más el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de 3 días.
La vigencia de esta prórroga llega hasta el 6 de diciembre del presente año, de acuerdo con el decreto legislativo leído durante la sesión plenaria correspondiente a esta semana.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele solicitó una nueva ampliación de dicho régimen bajo la justificación que «existe la amenaza de reagrupación de estos grupos por remanentes de pandilleros en barrios y colonias».
Por lo tanto, indica el decreto leído, «esta situación sigue demandando una intervención extraordinaria gubernamental».
El Ejecutivo de Bukele asegura que con esta medida las pandillas «han sido erradicadas» en el país y destaca la baja de homicidios en esta nación.
No obstante, un grupo de 2.500 elementos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional fueron desplegados el pasado 28 de octubre en una colonia populosa de El Salvador para implementar un «cerco de seguridad» por la supuesta presencia de miembros de pandillas.
Este «cerco de seguridad» se suma a otros implementados en otras zonas del país centroamericano para «combatir» a las pandillas en el contexto del régimen de excepción.
Esta medida se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
Con más de 83.100 detenciones, esta medida extraordinaria se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.
Entre tanto, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.
