La organización humanitaria Cristosal señaló este miércoles en un comunicado que las particularidades del juicio que enfrenta el exministro de Seguridad de El Salvador Mauricio Ramírez Landaverde y otras personas «permiten considerar que se trata de una persecución política».
Ramírez Landaverde y Ramón Roque, exinspector general de Centros Penales, junto a 17 personas más enfrentan un juicio por la supuesta malversación de fondos de las cárceles.
«Las particularidades de este caso permiten considerar que se trata de una persecución política, a través de prácticas que violentan los principios que deben regir la investigación y el ejercicio responsabl de la acción penal», indicó Cristosal.
La organización señaló que «verificó una serie de irregularidades que han afectado el debido proceso judicial en este caso», entre ellas «incomunicación con la defensa técnica y la familia» y «privación ilegal de libertad por incumplimiento de una orden de libertad durante varios meses».
Apuntó que el «retardo en la incorporación de los resultados de una auditoría de la Corte de Cuentas, la cual contenía resultados favorables para los imputados».
Cristosal destacó que esta situación fue denunciada ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), pero «hasta la fecha dicha institución no se ha pronunciado» y por sus características «el caso también se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mediante solicitud de medidas cautelares».
Detalló que «el 15 de noviembre de 2021, Cristosal recibió una denuncia por presuntas persecuciones administrativas y penales arbitrarias, la instrumentalización del derecho penal por intereses políticos y violaciones al debido proceso judicial en el caso del señor Ramírez Landaverde».
«Estas acciones habrían sido ejecutadas por instrucciones del presidente de la República, dadas públicamente el 26 de junio de 2019», sostuvo Cristosal en el comunicado.
Llamó a que «en el caso particular de los señores Ramírez Landaverde, Roque y otras personas, se les garantice su derecho a un juicio justo e imparcial, con todas las garantías del debido proceso» y rechazó «toda modalidad de condenas penales injustas, basadas en motivaciones políticas».
Ramírez Landaverde fue nombrado ministro de Justicia en enero de 2016, en el Gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019). Antes se había desempeñado como director general de la Policía Nacional Civil de 2014 a 2016 y como subdirector de esa entidad entre 2012 a 2014.
El exfuncionario, quien enfrenta el proceso penal en libertad condicional, fue capturado en septiembre de 2021 por supuestamente estar involucrado en la malversación de aproximadamente 14 millones de dólares de las prisiones durante la Administración de Sánchez Cerén.
De acuerdo con la Fiscalía General, el Ejecutivo de Sánchez Cerén permitió que la Asociación Yo Cambio (Asocambio) administrara las tiendas al interior de las cárceles «sin ningún control del Estado», lo que «dio pie para crear un mecanismo para poder lucrarse».
