La ONG Socorro Jurídico Humanitario (SJH) denunció este lunes (22.07.2024) ante la Fiscalía al ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, y al director de Centros Penales, Osiris Luna, por crímenes de lesa humanidad que habrían cometido en el marco del régimen de excepción, vigente en el país centroamericano desde 2022 para combatir a las pandillas.
Ingrid Escobar, directora del SJH, dijo en una rueda de prensa que la denuncia penal también incluye a congresistas del oficialismo -como el presidente del Parlamento, Ernesto Castro- y a exdiputados que han avalado la extensión del régimen de excepción, además a directores de cárceles, jueces y fiscales.
Los delitos denunciados en calidad de crímenes de lesa humanidad son privación de libertad, torturas y desobediencia de órdenes judiciales, incumplimiento de deberes, negación de auxilio y actos arbitrarios.
«Hago un llamado al Estado de El Salvador a garantizar la Justicia a las víctimas, primero a las víctimas de las pandillas (…) que son las primeras que no van a tener justicia por todas estas reformas criminales y el régimen de excepción», sostuvo Escobar. También, llamó a que se dé justicia a «nuestras víctimas inocentes que han sido capturadas sin seguir el debido proceso y que están pagando una condena anticipada que no merecen».
Jayme Magaña, abogada del SJH, aseguró que «los organismos internacionales le están diciendo a El Salvador que está incumpliendo el control de convencionalidad, que está violentando derechos humanos», por lo que «venimos a decirle a la Fiscalía que debe iniciar los procesos para la investigación por la vulneración a derechos humanos que se están cometiendo en las cárceles».
Otto Flores, también del SJH, explicó que entre los delitos que atribuyen a estas autoridades están privación de libertad de personas que poseen carta de libertad judicial y no son liberadas por decisión de funcionarios de centros penales.
Por su parte, Maribel Amaya denunció que su hijo se encuentra detenido arbitrariamente y en estado de desnutrición, sin que le hayan permitido comunicarse con él o tener información sobre su situación. «En este país capturan a las personas, se los llevan a un centro penal y su familia nunca más vuelve a saber de ellos, nunca más vuelve a hablar con ellos, ni siquiera (saben) si están con vida», afirmó.
El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción tras una escalada de violencia en marzo de 2022 atribuida a las pandillas y que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio tras la ruptura de un supuesto pacto entre las denominadas maras y el Gobierno de Nayib Bukele.
Entre este marco, las autoridades reportan más de 80.100 detenciones, mientras que las organizaciones han recibido más de 6.000 denuncias de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias. Asimismo, y de acuerdo con un informe de Cristosal, más de 170 niñas y niños quedaron en la orfandad tras la muerte del padre, la madre o ambos en las cárceles del país.
