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El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador suspendió por dos años los derechos de participación política de la vicepresidenta Verónica Abad, tras considerarla responsable de violencia política de género en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld. Además de la suspensión, el fallo también impone una multa superior a los 14.000 dólares. Esta sentencia de primera instancia fue emitida por el juez Guillermo Ortega y puede ser apelada ante el pleno del TCE.
El caso se originó después de que Sommerfeld denunciara a Abad por las declaraciones que esta última realizó, las cuales afectaron la imagen y reputación de la canciller tanto a nivel nacional como internacional. En respuesta, Abad también había presentado previamente una denuncia contra Sommerfeld por violencia política de género, pero el TCE no consideró viable su reclamo.
La respuesta de Verónica Abad ante el fallo del TCE
La vicepresidenta Verónica Abad reaccionó con contundencia a la decisión del Tribunal Contencioso Electoral. En sus declaraciones, consideró que la suspensión de sus derechos políticos es una «cortina de humo» para desviar la atención de otros problemas más graves que enfrenta el país. Abad llamó a la ciudadanía a no distraerse con lo que considera una maniobra política para restarle relevancia a los temas realmente importantes para Ecuador.
Abad también recordó que el TCE ya le había impuesto una multa anterior de 8.500 dólares por realizar una campaña anticipada cuando se postulaba para la alcaldía de Cuenca. La vicepresidenta subrayó que la sentencia contra ella forma parte de una estrategia para impedir que se le deleguen funciones en el futuro, especialmente de cara a la campaña electoral de 2025.
La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, durante las elecciones del 9 de febrero de 2025, en el país. EFE/ Robert Puglla
Un enfrentamiento prolongado entre Abad y Noboa
El conflicto entre la vicepresidenta Verónica Abad y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se ha intensificado en los últimos meses. Desde la segunda vuelta de las elecciones extraordinarias de 2023, las tensiones entre ambos no han cesado, especialmente por los casos de violencia política de género en los que están involucrados.
El enfrentamiento se ha tornado más complejo con las demandas por violencia política de género interpuestas por ambos bandos, así como por la suspensión del cargo a Abad, decisión que fue posteriormente anulada por un juez. El presidente Noboa, quien busca la reelección en las elecciones de 2025, ha tomado diversas decisiones presidenciales para mantener a Abad alejada de sus funciones, a pesar de que ella sigue siendo la vicepresidenta constitucional del país.
La controversia sobre la reelección y la licencia presidencial
El TCE también ha entrado en el debate sobre la reelección presidencial en Ecuador, donde el presidente Noboa se enfrenta a las críticas de la oposición y del mismo Abad. Según la normativa electoral, cualquier presidente que busque la reelección debe tomar licencia durante el periodo de campaña, pero Noboa no cumplió con esta obligación. Aunque se ausentó en ciertos días, siguió ejerciendo sus funciones como presidente en otros.
Para el ministro de Gobierno, José De la Gasca, Noboa no está obligado a pedir licencia, ya que considera que no se configura una reelección inmediata debido a que el presidente no completó el mandato que dejó inconcluso el expresidente Guillermo Lasso. Este vacío en la ley ha generado una serie de cuestionamientos legales que complican aún más la situación política del país.
El presidente de Ecuador y candidato a la Presidencia, Daniel Noboa, en una fotografía de archivo. EFE/ José Jácome
El lío constitucional y la «vicepresidencia encargada»
La Constitución de Ecuador establece que la vicepresidenta debe asumir la presidencia en caso de ausencia del mandatario. Sin embargo, el presidente Noboa, en un intento por eludir esta normativa, nombró por decreto a Cynthia Gellibert, secretaria de Administración Pública y Gabinete de la Presidencia, como «vicepresidenta encargada». Esta decisión fue declarada inconstitucional por el TCE, que señaló que solo la persona elegida por votación popular puede ejercer las funciones presidenciales.
La controversia radica en que Abad no se presentó a cumplir con sus funciones en la Embajada de Turquía hasta el 27 de diciembre de 2024, lo que motivó que Noboa la considerara ausente temporalmente. A pesar de que la ley establece que la vicepresidenta debe asumir la presidencia en caso de ausencia, Noboa utilizó su poder para nombrar a Gellibert, lo que desencadenó una nueva polémica sobre la legalidad de su actuación.
