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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este miércoles la desaparición forzada y posterior asesinato de cuatro menores de edad afrodescendientes en Ecuador. Los menores fueron detenidos de manera irregular por militares el pasado mes de diciembre, y sus cuerpos fueron hallados calcinados días después en una zona de la ciudad de Guayaquil, una de las más afectadas por la violencia en el país andino.
En su comunicado, la CIDH detalló que las víctimas eran Steven Medina, de 11 años, y los adolescentes Josué Arroyo, de 14, y Saúl Arboleda e Ismael Arroyo, ambos de 15 años.
Los hechos y la reacción de la CIDH
Según el informe, la desaparición de los menores ocurrió el 8 de diciembre en el sector de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, luego de que jugaran un partido de fútbol. Fueron detenidos por un grupo de militares cerca de un centro comercial, quienes los subieron a vehículos sin una justificación clara.
Esa noche, Ismael logró comunicarse con su padre, a quien informó que los militares los acusaron de robo y los habían detenido. A partir de ese momento, no se supo nada de los menores hasta el 24 de diciembre, cuando la Policía localizó sus cuerpos incinerados y con signos de tortura en una zona de manglar cercana a una base militar.
La CIDH, en su pronunciamiento, instó al Estado ecuatoriano a investigar los hechos con la debida diligencia, juzgar y sancionar a los responsables, y ofrecer reparaciones adecuadas a las víctimas y sus familias. La Comisión también hizo énfasis en que se debe esclarecer la posible implicación de personal militar en estos actos.
EFE/Jeffrey Arguedas
Desaparición forzada y reacción judicial
El 25 de diciembre, una jueza de Niñez y Adolescencia de Guayaquil, a través de un habeas corpus, declaró la desaparición forzada de los menores. La jueza ordenó la investigación y pidió que el Ministerio de Defensa Nacional se disculpara públicamente en nombre de los 16 militares que se encontraban en prisión preventiva mientras se les investigaba.
El Ministerio de Defensa apeló esta decisión, argumentando que la declaración de desaparición forzada era competencia de la justicia penal. Además, tras emitir las disculpas públicas, el Ministerio de Defensa anunció que buscaría una sanción contra la jueza, acusándola de haber actuado con fines políticos y criticando lo que consideraron una «narrativa de derechos humanos» en contra de las Fuerzas Armadas.
La CIDH expresó su preocupación por estas declaraciones y recordó la importancia de que el Estado respete y proteja los derechos humanos de todas las personas, sin importar su origen o situación.
EFE/José Jácome
El contexto de violencia en Ecuador y las recomendaciones de la CIDH
La desaparición y asesinato de los menores ocurre en el contexto de una creciente violencia en Ecuador, en medio de los esfuerzos del gobierno para controlar a las organizaciones criminales. En este marco, el presidente Daniel Noboa declaró un «conflicto armado interno» el 9 de enero de 2024, y autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas para enfrentar a las bandas criminales, a las que ahora califica de «terroristas».
Hasta el momento, más de 200 casos de abusos por parte de las fuerzas de seguridad han sido denunciados, incluidos al menos 80 casos de tortura, 8 desapariciones forzadas y 15 ejecuciones extrajudiciales. Estas cifras fueron citadas por la organización Human Rights Watch (HRW), que ha documentado las violaciones a los derechos humanos en el país.
En este contexto, la CIDH hizo un llamado al gobierno de Ecuador para que intensifique sus esfuerzos en la investigación de estos abusos, asegurando que los responsables rindan cuentas ante la justicia. También subrayó la importancia de garantizar el acceso a la justicia para las familias de las víctimas y brindarles el acompañamiento necesario.
Medidas urgentes para la protección de los derechos humanos en Ecuador
La CIDH enfatizó que es crucial que el Estado ecuatoriano refuerce las medidas para evitar la repetición de casos similares en el futuro. Para ello, recomendó que se implementen acciones concretas para prevenir abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que incluyan capacitación en derechos humanos, así como mecanismos de control y rendición de cuentas para las instituciones militares y policiales.
Asimismo, la Comisión instó al Estado a garantizar la protección de las familias de las víctimas, asegurando su seguridad y brindándoles el acompañamiento psicosocial necesario para enfrentar el trauma ocasionado por estos hechos. La reparación integral de las víctimas, que debe incluir la restitución de sus derechos y la reparación por el daño causado, fue otro de los puntos subrayados por la CIDH.
